El modelo de educación existente en las Españas está muy lejos de ese idílico escenario. Todos los indicadores disponibles, nacionales e internacionales, muestran su severo deterioro, que no se ha visto corregido ni por la inflación legislativa de las últimas tres décadas ni por el volumen de gasto público destinado a la educación. Bastan algunos datos para ilustrar esta tesis. La tasa de abandono escolar temprano es la más alta de la UE (17,9%) y los alumnos españoles se sitúan de manera crónica en los últimos lugares de rendimiento en matemáticas, ciencias y comprensión lectora recogidos por los sucesivos informes PISA.

La situación de los docentes en primaria y secundaria no es mucho mejor. Durante su educación y formación inicial, el 52% no ha estudiado los contenidos propios de las materias que imparte, una brecha de 26 puntos respecto a la media ­OCDE. El 38% usa nuevas tecnologías frente al 56% en la OCDE y solo un 36% se considera preparado para utilizarlas cuando acaba sus estudios versus el 45% en esa organización. El 54% de los directores de centros escolares no ha realizado curso o programa alguno de liderazgo y solo el 19% participa en redes de docentes para intercambiar experiencias, etcétera, frente al 24% en la OCDE. Solo el 10% de los profesores tiene un tutor versus el 22% en la OCDE, un factor importante para su trabajo y para el rendimiento de los alumnos. Por último, su formación es inferior a la media de esa institución. De una lista de diez elementos considerados relevantes, los docentes hispánicos reúnen cinco frente a siete en la OCDE (véase el Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje , Talis, OCDE 2019).

EL BONO ESCOLAR
Los padres recibirían del Gobierno un trozo de papel –bono– por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público. Con él en su poder deciden a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagan sus estudios con el cheque y pueden complementarlo con aportaciones personales si el precio de la escuela elegida fuese superior al cubierto por el bono. De este modo, son los padres y no los burócratas-políticos los que deciden la educación que desean para sus hijos; se promueve la competencia y con ella la innovación y la mejora de la calidad educativa y, por último, se permite a los alumnos de familias con rentas bajas el acceso a centros privados haciendo efectiva la igualdad de oportunidades. ¿Desaparecería la enseñanza pública? No, salvo que ofreciese un producto peor que sus competidores.

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200711/482217122270/por-una-educacion-libre.html