Cloacas de interior. Las impunes fechorías de la brigada mediático-policial

Los grandes objetivos de la cloaca policial fueron el independentismo catalán y Podemos, pero con el tiempo desarrollaron operaciones para destruir a todo el que quisiera pararlos

Políticos, policías y periodistas. Estos son los tres vértices del triángulo, apoyado por algunos jueces y empresarios, necesarios para que durante años hayan triunfado las llamadas cloacas del estado. Entre ellos se han protegido y se han retroalimentado para acabar con los que consideraban enemigos del país, teniendo su máximo esplendor durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y con María Dolores de Cospedal en la secretaría general del PP . Gracias a una cúpula policial que, dispuesta a todo, suministró a periodistas informaciones tóxicas que eran publicadas en sus medios sin ser contrastadas –en algunos casos– y a sabiendas que eran falsas –en otros–. Sus grandes objetivos fueron el independentismo catalán y el auge del 15-M, que acabaría convirtiéndose en Podemos, pero con el tiempo de­sarrollaron operaciones para destruir a todo el que quisiera pararlos.

Un trabajador de la Dirección General de la Policía narra a La Vanguardia cómo por el despacho del ex director adjunto operativo Eugenio Pino desfilaban en la pasada década algunos de los llamados periodistas de investigación de este país para recoger informes casi a diario. “Era un periodismo de ventanilla”, lamenta este funcionario, que recuerda cómo “al día siguiente” de la visita salían publicadas esas informaciones vendidas como “grandes exclusivas” sin tiempo material para contrastar la documentación que era entregada a la carta.

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Esta semana hemos conocido cómo se difundió un bulo de la cloaca sobre Podemos. Okdiario publicó en el 2016 que el gobierno de Maduro pagó 271.000 dólares a Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas, noticia que fue difundida por una cadena de televisión a pesar de tener serias dudas sobre la credibilidad de la información. Y es que así era la apariencia y el contenido de los turbios informes que durante años circularon entre la cúpula policial y los periodistas: sin membrete de la unidad de la Policía, ni firma, ni sello. ¿Sabían esos periodistas que se trataban de informes apócrifos sin ninguna base documental real?

La llamada de Fernández Díaz

En la noche del 27 de octubre del 2014, el ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, llamó al director de La Vanguardia, Màrius Carol, para asegurarle que la información que ese mismo día habían publicado dos periodistas de El Mundo, uno de ellos Eduardo Inda, atribuyendo al alcalde de Barcelona Xavier Trias, una cuenta en Suiza, era buena y debía hacerse eco de ella en la edición del día siguiente.

Durante toda la jornada, un equipo de La Vanguardia, investigó su veracidad y llegó a la conclusión de que era falsa. Así que decidió no publicarla. Unos meses antes, un informe apócrifo procedente de parecida fuente y elaborado por la policía patriótica, que atribuía a los Pujol una fortuna de 1.800 millones de euros, recaló en la redacción. Bastantes medios de comunicación, entre ellos de nuevo El Mundo y con la firma del mismo periodista, se hicieron eco. La Vanguardia, después de las comprobaciones necesarias, que incluyeron una conversación con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que instó a no hacer caso de papeles que no fueran de la inspección, concluyó que no tenía nada que ver con la realidad. De nuevo, decidió no publicarlos. 

Solo dos ejemplos de los muchos actos de una red criminal radicada en la capital del Estado que buscaba y muchas veces conseguía que la publicación de groseras mentiras en diarios y televisiones fuera la palanca para abrir causas judiciales sin pruebas. El objetivo, chantajear a los afectados, arruinar carreras políticas o empresariales, engordar las carteras de sus promotores y encumbrar a periodistas ambiciosos y sin escrúpulos, que aún ahora mantienen sus púlpitos en radios y televisiones de la capital, como si nada hubiera pasado.

El informe fantasma de la UDEF

Afectados: el expresident de la Generalitat Artur Mas y la familia Pujol

Uno de los primeros ejemplos de este modus operandi fue el informe fantasma de la UDEF, publicado en el 2012, en vísperas de las elecciones catalanas del 25 de noviembre, por el periódico El Mundo, que apuntaba la existencia de cuentas ocultas del expresident de la Generalitat Artur Mas y la familia Pujol sin ningún sello, firma o destinatario. El fin era claramente influir en los resultados de los comicios. En el informe no había nada que se confirmara después. Posteriormente, en el 2014, la policía obtuvo en Andorra unos pantallazos de las cuentas de la familia Pujol en la BPA. Se los facilitó al mismo medio, que los publicó en los primeros días de julio. Esa información dio pie a la declaración de Jordi Pujol reconociendo la existencia de las cuentas.

“Se dio la circunstancia de que justo apareció una camada de periodistas para los que la exclusiva estaba por encima de todo”, recuerda un veterano informador que en su día trató con el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, cuyas grabaciones han hecho aflorar todas estas malas prácticas. Este reportero explica la diferencia de lo que ha observado en los últimos años a lo que vivió él: “Villarejo ofrecía informes sin firma y sello y decía: es que la unidad es tan secreta, tan secreta, que no tiene ni nombre”. Este periodista señala que él nunca publicó ninguno de esos documentos, aunque luego los leyó en otros medios. Lo que sí considera cierto es que en alguna ocasión Villarejo daba información que, tras comprobarla, sí resultaba ser cierta y publicable. Ahí es donde, a su juicio, está la diferencia en el trabajo profesional de los periodistas.

La “burra” de la cuenta falsa de Trías

Afectado: el exalcalde de Barcelona Xavier Trías

En octubre del 2014 Villarejo también “le vendió la burra” –según él mismo dijo en una de sus grabaciones– de la cuenta falsa del exalcalde de Barcelona Xavier Trías a El Mundo en medio de una guerra sucia para desacreditar al independentismo. Este medio llegó a publicar el segundo día, como supuesta prueba definitiva, el número de la cuenta. El banco acabó explicando que ese número era falso y no se correspondía con los de su banco. Detrás de esta publicación estaba toda la maquinaria política y policial. Villarejo no era más que un eslabón de toda la cadena: en algunas de estas filtraciones participaba, pero en otras no. Era una operación orquestada por el Ministerio del Interior. El engranaje llegaba a las más altas instancias. Fue en esta ocasión que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz llamó a la redacción de La Vanguardia para asegurar que esa información era cierta.

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Notas apócrifas sobre la fortuna del expresident

Afectados: Jordi Pujol y familia

En el 2014 también se publicaron varias notas informativas de origen poco claro con un pantallazo de las supuestas cuentas de la familia Pujol. En una de ellas se hablaba de una fortuna de 1.800 millones de euros. “Ninguna nota informativa tiene numero de registro de entrada oficial con acreditación del organismo receptor ni sello alguno que acredite que realmente fueron entregadas a la unidad o superioridad que dice dirigirlas, el DAO […] Sorprende que experimentados periodistas con larga trayectoria en investigación no cayeran en la cuenta de las particularidades de estas notas informativas”. Este último entrecomillado aparece en un informe policial del 2017 en el que ya entonces Asuntos Internos denunció una trama mediática compinchada con un grupo de policías para frenar investigaciones.

Fragmento del sumario en el que se recoge que estas notas eran “maniobras de distracción”.
Fragmento del sumario en el que se recoge que estas notas eran “maniobras de distracción”. La Vanguardia

Durante este tiempo, de manera asidua, también esta brigada hacía llegar a distintos medios de comunicación “análisis de situación” e “informes de inteligencia”, coincidiendo con momentos clave como la celebración de la Diada. Hasta la fecha, los jueces a los que han llegado estos indicios se han negado a investigar tales prácticas porque consideran que el derecho de información está por encima de todo esto.

El polémico informe PISA (Pablo Iglesias S. A.)

Afectados: Podemos y su ex dirigente Iglesias

Enero de 2016 con unas elecciones generales recién celebradas. Mariano Rajoy acababa de ganar, pero no tenía escaños suficientes para formar gobierno. Lejos quedaba su anterior mayoría absoluta. Un partido que se estrenaba en unas elecciones generales, Podemos, había dado la sorpresa y se había convertido en la tercera formación más votada en el hemiciclo. Semanas después sale en Okdiario, El Confidencial, ABC y la Cadena Ser un informe bajo el nombre de PISA (Pablo Iglesias S.A.) –sin unidad definida, ni sello de entrada o de salida, ni número de funcionario– en el que se apuntaba a la financiación ilegal del partido morado.

Una de las notas que llegaba a los periodistas sobre el  entramado de Podemos
Una de las notas que llegaba a los periodistas sobre el entramado de Podemos La Vanguardia

En este caso, el excomisario Villarejo no estaba detrás de este turbio asunto. Había salido directamente del grupo de policías acólitos dirigidos por Eugenio Pino, los mismos que ahora están procesados por el espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Paradójicamente, no fue hasta después de su publicación cuando se puso a una unidad policial a trabajar en ello y se intentó judicializar el asunto o que la Fiscalía abriera unas diligencias. Nadie aceptó aquel documento, pero ya daba igual porque el objetivo de acaparar titulares estaba cumplido.

La “burda” cuenta de Iglesias en Granadinas

Afectados: Podemos y Pablo Iglesias

La repetición electoral estaba muy próxima y las encuestas abundaban en la misma idea, escaño arriba escaño abajo: un sorpasso de Podemos al PSOE. Un tsunami político se avecinaba a la vuelta de la esquina. El 6 de mayo Okdiario publica un documento que presuntamente acreditaba que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas. Esta información fue replicada por numerosos medios de comunicación, entre ellos, La Sexta. Es en este contexto cuando se produce la conversación que esta semana salió a la luz de Villarejo y García Ferreras, quien reconoce que fue “con ello” pese a ser “demasiado burdo”.

Los sms privados de Iglesias

Afectado: Pablo Iglesias

Tras las elecciones de junio, y en plenas negociaciones para formar Gobierno, el goteo de informaciones sobre las relaciones de Podemos con Venezuela e Irán fueron incesantes en diversos medios de comunicación. Ahora se ha podido comprobar con las agendas de Villarejo, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, que en ese tiempo, el comisario recibía constantes llamadas de periodistas de investigación pidiéndole información sobre Podemos. “Prometo aviso sobre info de Podemos”, reza un apunte a un periodista en febrero de 2016. Otro redactor de investigación, como queda reflejado en las agendas, le dice al excomisario que “quiere” datos contra la formación de Iglesias y alguna noticia de interés “para fortalecer su cargo” en el medio en el que trabaja. Así lo dejó plasmado Villarejo.

Varios periodistas sabían que se estaba moviendo un pendrive con información de un chat de Podemos, obtenido a raíz del robo del teléfono de Dina Bousselham, una antigua asesora del entonces líder de la formación morada. En julio de ese año finalmente salió publicado –también en Okdiario– un mensaje que Iglesias había enviado en un grupo de WhatsApp: “Azotaría [a Mariló Montero] hasta que sangrase”. Desde Podemos se vio aquellas noticias como una operación para destruirles.

El sicario de la dermatóloga

Afectados: La dermatóloga Elisa Pinto y el comisario Jaime Barrado

El independentismo catalán y Podemos eran los dos objetivos principales de la mal llamada “policía patriótica”. Sin embargo, hubo varios actores incómodos que desestabilizaban al grupo y había que desactivarlos. Uno fue la dermatóloga Elisa Pinto quien, junto al comisario Jaime Barrado, había logrado identificar a Villarejo como la persona que la apuñaló. Tal y como consta en el sumario judicial, la participación del excomisario habría sido por un encargado de Javier López Madrid, un empresario yerno de Juan Miguel Villar Mir, que conocía a Pinto.

Incluso el secretario de Estado de Seguridad en aquel momento sabía que no tenía más opción que ayudar a Villarejo. La maquinaria comenzó a funcionar. “El sicario era la dermatóloga”, publicó el diario El Español en 2015.

El comisario Villarejo, Elisa Pinto y Javier López Madrid
El comisario Villarejo, Elisa Pinto y Javier López Madrid L.V.

Barrado fue expedientado y apartado de su puesto por “hiperactividad laboral”, causa que administrativamente no existe. En medios como Okdiario le llegaron a definir como la “verdadera cloaca de Interior” o “un comisario violento y zafio”. Mientras, Pinto lleva siete años intentando demostrar toda la campaña orquestada contra ella con informes falsos. Ahora todo está pendiente de juicio.

Las “cloacas podemitas”

Afectados: los policías Marcelino Martín Blas y Rubén López

En junio 2016, un Juzgado imputó a Villarejo por revelación de secretos. Un grupo de policías de Asuntos Internos liderado por Marcelino Martín Blas y Rubén López descubrieron los vínculos de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, con el entonces comisario. Estos investigadores fueron los primeros que pusieron en la picota a Villarejo. Analizaron su entramado empresarial y pronto detectaron las campañas mediáticas que dirigía para beneficio particular o para atacar a sus rivales, tal y como lo dejaron reflejado en varios informes.

En las agendas de Villarejo incautadas queda patente cómo el comisario pidió ayuda a varios periodistas para “matar” mediáticamente a estos dos policías, que llegaron a ser tildados en Okdiario como representantes de “las cloacas podemitas”. Ambos llegaron a ser apartados de sus puestos. Por las redacciones corría el rumor, originado por mandos policiales, sobre el futuro “cuidando calabozos” que le esperaba “al policía podemita”. Finalmente se confirmó y López fue enviado a un departamento que custodia calabozos periféricos de Madrid.

En una querella pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, este inspector recoge cerca de medio centenar de noticias, varias de ellas recogidas en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, sobre él y habla de un “ataque hacia los investigadores a través de medios públicos de comunicación que se realiza con total temeridad y desprecio a la verdad”.

El blanqueo de Liechtenstein

Afectados: Jordi Pujol y Artur Mas

A finales de 2014, y en apenas dos meses, un caso de presunto blanqueo de capitales cometido por Jordi Pujol y Artur Mas en Liechtenstein pasó de la portada de El Mundo al archivo judicial. La Fiscalía de Liechtenstein dio carpetazo al asunto el 24 de noviembre, a los dos meses de iniciarse, sin que se haya sabido nunca cómo exactamente empezó el caso.

La primera noticia la dio El Mundo a finales de septiembre: la Justicia de Liechtenstein investigaba a Pujol y a Mas sobre la base de unas pesquisas en las que habían empleado “datos públicos”, por lo que pedía la colaboración de la policía española. Pero las investigaciones del microestado centroeuropeo sugerían que la información había sido recogida en “medios de comunicación” españoles, y de fuentes policiales españolas. Para poder seguir, la Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein pedía más información a la policía y la justicia españolas.

Un mes después de saltar la noticia, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó que Liechtenstein estaba investigando. Era cierto, pero investigaba algo que no existía y en realidad leía las informaciones publicadas por la prensa española, alimentada con las falsas pistas facilitadas por Interior. Cuando la Fiscalía comprobó que todo era un círculo vicioso en el que se le quería hacer participar maliciosamente, cerró el caso. Este diario intentó, sin éxito, saber quien había movido el asunto y había presentado la denuncia en aquel país contra los dos dirigentes nacionalistas.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas:

“Prácticas incompatibles con el ejercicio de algo que pueda llamarse periodismo

La publicación de los últimos audios del excomisario Villarejo han levantado polvareda entre asociaciones y colegios de periodistas. Ante la tibieza con la que se ha manifestado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que pone el foco en unos presuntos “intereses espurios” contra la libertad de prensa, pese a que -como ha quedado de manifiesto en este reportaje- un grupo de periodistas fue imprescindible para el engranaje de la cloaca, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas se ha mostrado mucho más tajante a la hora de “repudiar” estas prácticas que menoscaban “la credibilidad del periodismo”. “La utilización de los medios en beneficio de intereses espurios va mucho más allá del derecho a una línea editorial, totalmente legítimo, para adentrarse en prácticas incompatibles con el ejercicio de algo que pueda llamarse periodismo”, explicaba la Red de Colegios a través de un comunicado. Eva Navarrete, portavoz de la Red, asegura en conversación telefónica con este periódico que la profesión no puede ser “tibia” con este asunto: “Igual es el momento de la catarsis”. Navarrete apuesta por una mayor transparencia, una autorregulación y el dotar a los profesionales de instrumentos que permitan ver a la ciudadanía que una mala praxis periodística debe ser puesta sobre la mesa, señalada y corregida. “Pero no los hay”, lamenta.

https://www.lavanguardia.com/politica/20220717/8412908/fechorias-cloaca-mediatico-policial.html

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