LA IRONÍA Y EL HORROR EN UN MUNDO CAPITALISTA i CONSUMISTA, QUE DEGRADA LOS SERES HUMANOS
La isla de las flores, estrenado en 1989, es un cortometraje de apenas 13 minutos, dirigido por el escritor y guionista Jorge Furtado, cineasta brasileño nacido en Porto Alegre en 1959.
Esto no es una ficción, Dios no existe. Dos enunciados que abren una puesta en escena inhabitual, permitiendo que lo que se ponga en juego sea el aparataje retórico con el cual se construye la realidad fílmica. Así, el documental habla de los devenires discursivos desde los cuales se construye la realidad, por medio de una dinámica paradójica de entrecruces categoriales: relaciones inductivas, deductivas, históricas, geográficas, económicas macros y domésticas. Del tomate a la torre de Babel, de una vendedora de perfumes a la economía global, del trueque al capitalismo: la frialdad racionalista del discurso explicativo tratando de unir, de enlazar, de dar sentido a las posiciones de todos los elementos concitados. Porque de eso se trata, de fijar una posición en una cadena cuya apariencia es lógica, es decir, cuya trabazón está sólidamente fundada es una serie de estrategias discursivas capaces de encontrarle a cada elemento su lugar, a cada fenómeno su sitio. De esta forma el universo de lo real aparece construido en y por una potente pulsión explicativa: qué es un ser humano, un tomate, un animal, etc. Es en este nivel donde se instalan los gestos psicóticos de la reiteración y del salto arbitrario. Borges ya había puesto en entredicho el poder de las taxonomías para dar cuenta de la realidad (Borges, 1989). Pero si en Borges lo que importaba era pensar en ese límite del pensamiento que era lo real, poniendo a la parodia como mecanismo para advertir sobre una realidad huidiza a los sistemas clasificatorios, en este documental de Furtado, lo real ya no es huidizo, sino que lisa y llanamente lo real se encuentra aplastado, sometido, arrinconado por una discursividad dominante, naturalista, darviniana: la configuración del capitalismo y la cadena de consumo que consideramos ‘natural’. El 99% del tiempo dedicado a la construcción de la cadena que lleva a ese último y horroroso eslabón: una fila de miserables recogiendo las sobras de los cerdos.
Pareciera, entonces, que el documental hubiera partido mucho más atrás de lo real haciéndose la pregunta: ¿cómo mostrar lo real?, ¿qué mecanismos permitirían que la miseria surgiera ya no bajo la mirada ingenua del realismo social, sino desde su ubicación en el campo de fuerzas que la construye? En efecto, el problema de la visibilización pasa a ocupar un lugar central en la propuesta de Furtado. A diferencia del documental sobre la miseria de carácter pastoral, cuyo objetivo último es ubicar el fenómeno en un ámbito moral, La isla de las flores aborda el lugar de la miseria en la cadena de relaciones políticas, económicas e históricas que conforman al mundo, o sea, simplemente el eslabón no productivo, punto ciego dado por el carácter recolector de la actividad. Según Jacques Rancière, la división de lo sensible es aquel procedimiento que: “fija al mismo tiempo un común repartido y unas partes exclusivas. Este reparto de partes y lugares se basa en una división de los espacios, los tiempos y las formas de actividad que determina la manera misma en que un común se presta a participación y unos y otros participan en esa división” (Rancière, 2002, p.15). Así, operaría el establecimiento de una partición de lo real, pero también una toma de posiciones respecto de esa misma partición o división de lo sensible; es decir, en tanto demarcación, se fundan relaciones de interioridad y exterioridad, inclusiones, exclusiones y dinámicas de pertenencia. No se trata, entonces, de mostrar la miseria sino de hacer patente la cadena de relaciones que la construyen y que la invisibilizan, que la sitúan como una parte más, como una parte lógica, racional, del engranaje de vínculos que constituyen el orden.
De ahí que adquiera tanta importancia una mirada didáctica que ironiza al letrado, a la perspectiva cientificista donde todo debe ser explicado desde su origen. Y la parodia se instala generando una sonrisa, la ironía se vuelve la herramienta más eficaz para abofetearnos en aquello que consideramos ‘normal’. Sin embargo, la risa queda desplazada y lo real que ha estado fuera, la parte de los sin parte, nos golpea con fiereza. El artilugio queda develado o, más bien dicho, podemos por fin ver aquello que se ocultaba debajo de todas las retóricas explicativas, taxonómicas, al develarse su absoluta arbitrariedad y que condujeron, inevitablemente a mostrar su lado más horroroso, a saber, la cadena que justifica todo, la concatenación que legitima.
Atiborrados como estamos de imágenes y discursividades hiperimpactantes pero también parcializadas al máximo, para que sea imposible ligar al pobre, a la miseria, al explotado con el sistema que permite y justifica tal situación, este trabajo documentaliza la naturalización de la red que da sustento al sistema. Es decir, apunta precisamente a lo que ya hoy parece ser la parte vedada, lo prohibido, aquello que fue clausurado por imposición de los modos de visibilización hegemónicos. En la actualidad, como nunca antes, la presencia de los pobres, de la marginalidad, se hace permanente, habitual en los medios; lo que falta, lo ausente es la cadena de relaciones.
El documental en Latinoamérica tiene una tradición donde lo político cumple una función primordial. Pienso en las imágenes del movimiento campesino, la recuperación de tierras mapuche, la grandiosa labor testimonial de los fotógrafos independientes durante la dictadura, los testimonios de tortura, la emergencia de los movimientos de reivindicación popular, la elección de Allende y la Moneda en llamas, una imagen que se pega a la mayor parte de nuestros documentalistas. El documental chileno y latinoamericano ha estado cumpliendo desde hace ya mucho tiempo una función memorialística y de interpelación al sistema, muy superior a la de los historiadores o escritores de ficción. La isla de las flores, asume esta tradición y la reenfoca mediante la parodia, el humor, los guiños pop que nos recuerdan los artefactos parrianos, la preocupación por la economía política, las retóricas y las discursividades represivas o distractoras, con la finalidad de interrogar sobre el lugar desde donde aprehender ese realidad aplastada en los cinco horrorosos minutos finales.
Bibliografía
Borges, J. L.(1989). El idioma analítico de John Wilkins. En Otras inquisiciones. Buenos Aires: Emecé.
Rancière, J. (2002). La división de lo sensible. Estética y política. Salamanca: Consorcio Salamanca.
Tot el Govern repartit entre la presó i l’exili van posar l’estat espanyol en evidència, sobretot en allò d’“en absència de violència es pot parlar de tot”
La violència la va posar Espanya
Com diu Iglesias, Puigdemont no ha robat, ni ha matat, ni ha amagat diners a Hisenda (com sembla que sí que va fer el rei Joan Carles), sinó que va posar unes urnes perquè pogués votar tothom. I s’ha presentat davant de la justícia, l’alemanya i la belga, i aquesta última ha arribat a dir que a Espanya, un exiliat com el conseller Lluís Puig corria el risc de no veure respectat el seu dret de tenir un judici just.
Sis de les seixanta agrupacions que tenen el certificat Gold Label, el més prestigiós de tots, són catalanes
El clúster de maquinària agrícola era l’únic català que tenia el Gold Label, fins a l’any passat. ARXIU.
Catalunya concentra el 10% dels clústers del món que tenen el certificat d’excel·lència Gold Label. Es tracta d’un dels reconeixements més prestigiosos en l’àmbit dels clústers, que demostra la bona gestió d’aquestes organitzacions i que concedeix l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), una associació que agrupa més de dos-cents experts en clústers i que gestiona els processos de certificació, nascuda fruit de l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI), iniciativa promoguda el 2009 per la Comissió Europea.
Ara com ara, només hi ha seixanta organitzacions d’aquesta mena que el tenen, sis de les quals són catalanes. Per aconseguir-lo, s’ha de passar un procés d’avaluació en termes de governança, finançament i estructura organitzativa molt exigent que, a més, s’ha d’anar renovant cada dos anys, aproximadament.
Fins al mes de març passat, només el Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola disposava d’aquest reconeixement. Aleshores, cinc clústers més es van sumar al club de les seixanta agrupacions empresarials amb aquesta certificació. Es tracta del Beauty Cluster Barcelona, el Catalan Water Partnership (CWP), el clúster de fotònica Secpho, el clúster de la moda Modacc i el Packaging Cluster. Catalunya acapara així el 66% dels certificats Gold Label que hi ha a l’Estat espanyol.
Joan Martí, director de la unitat de clústers d’Acció, explica que suposa un avenç en l’excel·lència de l’ecosistema català de clústers. De fet, va ser la unitat que dirigeix la que va animar les diferents organitzacions a aspirar a aquest certificat que fa guanyar posicionament internacional.
Per a Martí, la llista d’avantatges que suposa aquest Gold Label és considerable: “És un reconeixement a l’equip que lidera cada clúster, a l’excel·lència de la feina ben feta i, a més, un factor perquè les empreses que hi formen part siguin més conscients del valor de ser-hi.”
Per la seva banda, David Garcia, director de Modacc, un dels sis clústers catalans amb el Gold Label, explica que aquest procés de diagnòstic els ha ajudat a detectar punts que han de millorar. De fet, arran d’aquest procés, Modacc ha aconseguit no només el certificat d’or, sinó replantejar-se alguns punts febles: “Ens vam adonar que teníem poca massa crítica en centres de recerca i universitats, i recentment ja hem incorporat la UPC i la Universitat de Lleida”, diu Garcia.“Així mateix, ens fa més visibles a l’hora de demanar finançament o de participar en projectes europeus”, afegeix Garcia, que reconeix que ha estat el procés de certificació més exigent que ha superat mai.
En termes generals, que sis dels vint-i-nou clústers que hi ha a Catalunya siguin considerats excel·lents representa una millora conjunta, “perquè a més, ajuda a visibilitzar les bones pràctiques a la resta d’organitzacions”, diu Martí. A Catalunya, els clústers representen el 30% del PIB (74.000 milions d’euros de facturació agregada) i generen més de 300.000 llocs de treball. En formen part 2.600 socis, que agrupen un teixit divers d’actors, ja que un 70% són pimes; un 13%, grans empreses; un 10%, centres de recerca, universitats i proveïdors de coneixement, i un 4,5%, start-ups, entre altres agents de l’entorn.
En els darrers anys, el nombre de clústers s’ha reduït perquè estan immersos en un procés de fusions. “La tendència a la concentració és global, no només en el nostre ecosistema. Els clústers estan en una nova fase evolutiva i treballen més per guanyar dimensió”, assegurava a una entrevista a l’Econòmic Patrici Valdenebro, la directora general de TCI Network, una organització global que ajuda a millorar les competències dels empleats i dels professionals vinculats als clústers i que té la seu a Barcelona.
Per a Joan Martí, aquesta evolució és una resposta a les creixents incerteses de l’entorn, que per si no era suficient, la pandèmia encara ha multiplicat més.
Tot i que no n’ha avançat el nom, Martí creu que en el 2021, dos clústers catalans es fusionaran i seguiran les passes dels que ho van fer el 2018 i el 2020. De fet, CataloniaBio i HealthTech Cluster van aprovar la integració de les dues entitats en una única associació sota la marca CataloniaBio & HealthTech, que va passar a representar més de 170 socis. Poc després, els clústers Foodservice i Food N’Nutrition també van optar per fusionar-se per tal de guanyar massa crítica.
L’Estat tenia un enemic, ETA, i això amagava moltíssims problemes. En això continua una part de la justícia espanyola.
La Guardia Civil detiene a Otegi en su domicilio de Elgoibar para trasladarlo a la Audiencia
Antoni Bassas. 15/12/2020
Quan penses que Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn es disposen a passar el quart Nadal consecutiu a la presó, no necessites cap més demostració que el Tribunal Suprem no només va actuar com el braç executor de l’”a por ellos!” reial del 3 d’Octubre, sinó que ha mantingut aquesta condició de reserva espiritual de l’Espanya que es diu eterna a ella mateixa, quan recentment va impedir que als presos i preses polítics els fossin aplicats els drets penitenciaris que els són d’aplicació.
Però perquè vegin fins on pot arribar el Suprem en la politització de la justícia, aquí tenen aquest notícia: la sala segona del Suprem ordena tornar a jutjar Otegi després que el Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciés que no havia tingut un judici just.
La història és: jutgen Otegi, Otegi s’està sis anys i mig a la presó, el tribunal d’Estrasburg diu que no va tenir un judici just i ara el Tribunal Suprem diu, doncs res, repetim el judici.
Per què va dir Estrasburg que s’havia vulnerat la necessitat d’imparcialitat del tribunal? Doncs a causa de la presència d’una magistrada –Ángela Murillo– amb qui Otegi ja s’havia vist les cares el març del 2010 en un altre judici sobre enaltiment del terrorisme. En aquella vista, la jutge va preguntar a Otegi si condemnava el terrorisme i, arran de la seva negativa a respondre, ella li va dir: “Ja sabia que no em contestaria aquesta pregunta”. El Suprem va ordenar en aquella ocasió apartar Murillo i repetir la vista a l’apreciar un “prejudici”. Otegi va acabar absolt, en aquella primera ocasió. Després, com dic, en el segon judici, es va estar sis anys i mig a la presó. Però el 2018, fa dos anys, Estrasburg va deixar clar que la sola presència de la magistrada del cas anterior contaminava el segon cas.
Estrasburg va dir que, d’acord amb la llei, la manera més adequada de reparar una persona seria celebrar un nou judici o reobrir el cas, a petició de la persona interessada. Però és que Otegi no ha demanat res, ho ha demanat la Fiscalia després que una associació de víctimes vinculada a Vox plantegés l’assumpte.
Otegi ja ha estat sis anys i mig a presó. ¿L’hi farà tornar el Suprem si la nova condemna és superior? ¿L’indemnitzarà si és inferior?
Perquè aquest el problema: ETA va anunciar que cessava en la seva activitat armada el 2011. Va entregar les armes l’abril del 2017, va anunciar la seva dissolució el maig del 2018. Però, lluny de celebrar la fi del terrorisme d’ETA, l’estat espanyol ha continuat el fil i, tot i que EH Bildu ha condemnat repetidament la violència d’ETA, la triple dreta nacionalista espanyola qualifica amb insistència Bildu d’hereu del terrorisme d’ETA. D’aquí que la pregunta sigui òbvia: ¿a Otegi el tornarien a jutjar si Bildu no estigués oferint suport al govern espanyol de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias?
Otegi ha protagonitzat un canvi de Bildu a Madrid amb els pactes amb el govern del PSOE i Unides Podem i l’aval als pressupostos inclòs, i per això ara és molt important per a la dreta espanyola que tornem a veure Otegi assegut al banc dels acusats. Es tracta de fer veure que ETA encara mata, d’impedir la normalització de la vida política.
Mirin, Otegi va ser militant etarra als setanta i vuitanta. Des del 2001 va ser portaveu de l’esquerra abertzale, en un moment en què actuava com a braç polític d’ETA, però els fets desmenteixen que reorganitzés Batasuna el 2011 per rellançar ETA. Caurà millor o pitjor, però cal tenir present que, sense ell, ETA no hauria acabat abandonant les armes. L’avui d’Euskadi no s’explicaria sense els seus esforços negociadors amb el socialista Jesús Eguiguren, fa vint anys, al caserío Txillarre d’Elgoibar, a Guipúscoa. Ens ho va explicar el mateix Eguiguren en una entrevista que li vam fer a Sant Sebastià, el febrer del 2016. El dirigent socialista, que havia hagut d’anar amb escorta i havia hagut d’assistir a l’enterrament de divuit companys socialistes assassinats per ETA, va dir a Otegi una frase que no havia oblidat i que avui forma part de la història: “Vosaltres aneu a la presó, a nosaltres ens mateu, i en canvi altres partits rendibilitzen aquesta situació. Som imbècils”. “En aquella època allà hi governava el PP, i aquí, el PNB, i hi havia una tensió enorme. Però la primera vegada que ens vam reunir li vaig dir: «Els dos anem cap als seixanta, estem ficats en això des de xavals. ¿Deixarem això així per als nostres fills? » Vam aconseguir avançar a partir de plantejaments personals”. I va rematar-ho dient: “La resposta de les institucions d’Espanya, la pàtria comuna, ha sigut que aquí no ha passat res. A Espanya, el Parlament no ha fet cap declaració felicitant-se per la pau. Quan es va resoldre el problema més important pendent des de la Transició, la gent es va quedar una mica òrfena d’un problema al qual culpar de tot. L’Estat tenia un enemic, ETA, i això amagava moltíssims problemes.
En això continua una part de la “justícia” espanyola.
Un repaso a los 25 principales artículos que nos prometen un país con derechos pero que hoy, 42 años después de su aprobación, siguen sin estar plenamente consolidados.
Un activista antidesahucios coloca en Madrid un cartel con el artículo de la Constitución que consagra el derecho a la vivienda, en 2016. ANDREA COMAS / REUTERS
“Pobres hijos míos, sufriendo mientras los que pueden no me utilizan para hacer justicia social”. La Consti de Forges que lloraba abrazando blasillos desconsolados se ha convertido en una viñeta mítica porque dice una gran verdad: la Constitución española de 1978, la de la esperanza, es hoy un buen marco de referencia con propósitos loables pero que nunca se acaban de alcanzar.
Los 169 artículos paridos recién sepultada la dictadura deberían haber cubierto muchas grietas, muchas lagunas, pero sólo han tapado algunos agujeros. Quedan muchos. Se han ido encadenando crisis, despropósitos, dejación de funciones y desencuentros sobre su reforma y en esas estamos, con un texto tan buenista como viejuno, que nos ha dado uno de los periodos más largos de democracia, estabilidad y progreso de nuestra historia, pero que necesita ya que la remocen.
Estos son los principales 25 artículos que, 42 años después de su aprobación, siguen siendo la asignatura pendiente de la Carta Magna.
Artículo 1. Dice así: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Pero no, no somos iguales. El último informe Foessa aseguraba en febrero que el 18,4% de la población española está en situación de exclusión social. 8,5 millones de personas no participan en la vida cultural, económica y social de nuestro país. Son 1,2 millones más que antes de la crisis económica de 2008. Y no había llegado aún la pandemia. En primavera, esos datos han subido entre tres y seis puntos, según los diversos estudios. La OCDE aplaude la evolución de España, pero queda aún demasiado margen en el que trabajar.
OCDEDatos de privaciones en España de la OCDE.
Artículo 6. “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
El arco parlamentario se ha vuelto multicolor, no porque antes no tuvieran cabida los partidos menores, sino porque el hundimiento del bipartidismo ha abierto la puerta a otras opciones. También, las del cansancio y radicalismo. Sin embargo, aún tras el 15-M y las formaciones de la “nueva política”, el sistema actual marca distancias con el ciudadano. Se mantiene la necesidad de que los ciudadanos participen de manera más directa en la toma de decisiones, no sólo votando cuando toca. Las formaciones blindan sus procesos internos, las primarias abiertas no son tan frecuentes como debieran y son los aparatos los que siguen controlando el barco. Hablar de democracia en el seno de los partidos es otra quimera. Va todo por corrientes, amistades y lealtades.
Artículo 7. “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.
Incluso cuando sumamos una nueva crisis económica, a causa del coronairus, el peso de los sindicatos sigue menguando. No movilizan. No marcan agenda. Sus visiones, por ejemplo, en las negociaciones con la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, han quedado en un plano opaco. No ayuda la pérdida de afiliados, por no poder pagar la cuota muchos, pero también por falta de confianza. Son años de escándalos (desde la formación investigada en Andalucía a las tarjetas black) y eso se paga también.
Artículo 14. Dice el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Los indicadores convierten la frase en papel mojado. Más de cuatro décadas después, la mujer sigue claramente discriminada respecto al hombre y en multitud de campos. La tasa de paro de ellas es del 18,39%, cuatro puntos superior a la de ellos en el tercer trimestre de este año. La encuesta de Población Activa refleja que 264.700 mujeres han perdido su trabajo, frente a 90.300 hombres, debido principalmente a una mayor representación de las primeras en las actividades más afectadas por la crisis sanitaria. Además, Eurostat determina que la brecha salarial en España es del 14%, un porcentaje que, si se transforma en cifras, determina que las mujeres trabajan 51 días del año gratis, frente a sus compañeros hombres. En las empresas del Ibex 35, a finales de 2019 había un 27,5% consejeras (la cifra sube, eso sí, tres o cuatro puntos por año), mientras que los hombres suelen dedicar 2,06 horas y las mujeres 3,84 horas al trabajo doméstico.
BERNAT ARMANGUÉ / ASSOCIATED PRESSUna joven con el lema “Precariedad no” en la marcha del 8 de marzo de 2019, en Madrid.
Artículo 16.“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos (…) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Europa Laica niega la mayor: mediante asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, este mismo Estado aconfesional de la Carta Magna aporta a la Iglesia unos 11.000 millones de euros al año. La Iglesia, según esta organización, es “un paraíso fiscal” en nuestro país.
Artículo 18. “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
No estamos preparados ante ciberataques, que en España han registrado un aumento “cualitativo y cuantitativo” durante la pandemia y han incrementado su gravedad, según dijo esta semana la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos espió 60 millones de llamadas en España solo entre 2012 y 2013. Las asociaciones de consumidores denuncian que es una práctica relativamente extendida.
Artículo 20.“Se reconocen y protegen los derechos” a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros.
Los informes de diversas entidades independientes e instituciones internacionales –desde Reporteros Sin Fronteras hasta un grupo de relatores de la ONU– que esos derechos y libertades están en retroceso y en peligro en España por normativas como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza) o las recientes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recientemente, Moncloa ha impulsado un plan contra la desinformación muy criticado por los profesionales por su intervencionismo.
Artículo 27.“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
A la educación obligatoria todo el mundo tiene acceso. Otra cosa es intentar seguir estudiando. Con un sistema de becas aún insuficiente (y eso que han subido un 22%, alcanzando los 1.900 millones de euros), pesan los años recientes de recortes brutales y de tasas al alza. No todos se pueden permitir ir a la universidad. Cerca de 30.000 universitarios estuvieron al borde de la expulsión en la legislatura pasada, denuncian los sindicatos estudiantiles. Se calcula que entre un 20 y un 22% de ellos dejaron al menos temporalmente los estudios.
Artículo 31. Dice el artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Pero la progresividad fiscal, que está en las leyes españolas desde la Constitución de Cádiz de 1812 se incumple con frecuencia: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas. Los nuevos presupuestos de 2021 suben el IRPF para rentas altas y el impuesto de patrimonio, al menos. Además, el coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale casi al presupuesto del sistema sanitario.
Artículo 35.“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”.
Las cifras son demoledoras: casi 1,2 millones de familias tienen a todos sus componentes en paro; la tasa de desempleo es del 16,2%, que se dispara al 40,4 en los menores de 25 años; el empleo a tiempo parcial supone el 14,7% de la contratación, según el INE (con cifras del 2019), a la cola de la UE; y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es el 25,3% del total. Las solicitudes del ingreso mínimo vital se han atascado y solo se han aprobado algo más de 130.000 peticiones frente al objetivo: 850.000 hogares en riesgo de exclusión, constituidos por 2,3 millones de personas.
Artículo 40.“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”.
Se han promovido algunas cosas, pero queda… Los datos de más arriba lo afirman. Hay territorios más ricos que otros: La Comunidad de Madrid, la más rica de todas, a pesar de que su PIB per cápita ha mejorado en esta década (de 35.600 a 37.200 euros, el doble que Extremadura), su poder adquisitivo ha bajado de 136 a 124 respecto a la media de 100 de la UE. La media de España está en 24.900 euros de PIB per cápita, por debajo de los 28.200 de la UE y los 30.900 de la zona euro. A la cola, Extremadura, su PIB per cápita ha pasado de 18.000 euros a 19.300 euros, pero en cuanto a poder adquisitivo ha pasado de 69 a 64. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que la economía española crea más riqueza que antes de la crisis de 2008, pero que su distribución ha cambiado y es más desigual, “en favor de los que más tienen y en perjuicio de los que menos tienen”.
Artículo 41. “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
El porcentaje de parados de larga duración sin ninguna ayuda roza el 40%, aunque se acaba de aprobar una ayuda de 430 euros para quien esté en búsqueda activa. Un avance.
Artículo 42.“El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”.
¿Retorno? La crisis de 2008 fue un desastre: España se perpetuó como país emisor de emigrantes, de alta cualificación, especialmente jóvenes. Se habló de “movilidad exterior” para enmascarar unas marchas que ya no eran con maleta de cartón pero estaban igualmente justificadas en la necesidad y en la falta de oportunidades. Ahora, incluso, cuando más sanitarios hacen falta en España, muchos buscan fuera una oportunidad mejor. Las cifras, pues, no han mejorado: en 2019 se fueron 2,5 millones de españoles, la cifra más alta de la serie histórica, diez años de subida. Son datos del INE.
Artículo 43. “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
Con la pandemia, vemos a las claras el agujero que dejó la mala gestión de ls sanidad pública en años pasados, que las mareas blancas estaban más que justificadas y los recortes eran lo contrario a lo que había que hacer (dice la Constitución). Privatizaciones y colaboración público-privada, externalizaciones, copagos, cierres de centros, límites a la atención a inmigrantes sin documentación… España destina un 5,9% de su PIB al gasto sanitario público. La media europea es del 7,5%. Mientras tanto, aparecen nuevas necesidades de atención primaria y aumentan los cuidados a largo plazo por el envejecimiento.
JESÚS HELLÍN / SOPA IMAGES VIA GETTY IMAGESProtesta de la Marea Blanca, el pasado 1 de octubre, en Madrid.
Artículo 44.“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. “Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”.
Las cosas han cambiado con el Gobierno PSOE–Unidas Podemos, pero el sector cultural lleva años arrastrando el IVA cultural, la falta de subvenciones y de impulsos a proyectos o los impuestos al alza. Lo mismo pasa con la ciencia que, como la salud, fue pasto de recortes que ahora son muy difíciles de reponer. Plantillas como las del CSIC perdieron más del 15% de su plantilla en dos años, bajo el PP. Con el virus, el sector cultural estima que perderá el 36,5% de los ingresos este año, mientras que el mundo científico, al menos en parte, se felicita por las inversiones rápidas en campos relacionados con la lucha contra el Covid.
Artículo 45. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
No hay más que ver la descafeinada Cumbre del Clima de Madrid del pasado año, que por mucho que fuera de transición, alcanzó pocos objetivos concretos. Sirva como reflejo de un país con problemas: España se calienta a un ritmo de 0,5 grados por década, un 50% más de la media continental en el hemisferio norte y casi el triple de la media global; casi el 90% de la extensión de los glaciares ha desaparecido en poco menos de un siglo y más del 80% de los glaciares pirenaicos se han perdido; el nivel del mar sube casi cuatro milímetros al año, el 75% del suelo español está en proceso de desertización…
Artículo 47.“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
También aquí los datos son contundentes y numerosos. El 30% de los españoles cuenta con un préstamo hipotecario para sufragar el pago de su vivienda, lo que sitúa al país en el top ten europeo, pero es que se dedica hasta el 40% del salario a ello; unos 10.600 gitanos vivían en ellas según un informe de la Fundación Secretariado Gitano y se calcula que hay 162 desahucios al día en España, y eso que no es el peor año porque muchos se han paralizado por el virus.
Artículo 48. “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
La generación perdida, los que no pueden trabajar ni independizarse, los que no encuentran empleo parcial con el que sacar sus estudios, los que no pueden plantearse la paternidad porque las cuentas no salen. Así estamos. La tasa de paro está rondando el 40%, su pérdida de poder adquisitivo es de un 30 al 35%, y solo el 17,3% de los jóvenes viven emancipados, el peor dato desde 2001. Un panorama que no alienta a la esperanza, que se cronifica.
Artículo 49.“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La ley de dependencia fue una de las más recortadas por Mariano Rajoy, se cargó mil millones de un plumazo. En 2021 se subirán las ayudas un 34%, hasta los 2.354 millones, pero queda mucho campo quemado atrás. Solicitudes que ni se atienden o se hace tarde: 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia han muerto en lo que va de 2020, según datos del Ministerio de Derechos Sociales.
Artículo 50.“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Las dos reformas del sistema de pensiones, la del Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2011 y la del Gobierno de Rajoy (PP) en 2013, redujeron los derechos de los pensionistas o su poder adquisitivo o ambas cosas. Este noviembre el Congreso aprobó otra reforma, que busca “garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España para hacer frente en los próximos años a retos como el aumento de jubilaciones de la generación del baby boom”. El año pasado, los pensionistas estaban en la calle como nunca antes reclamando sus derechos. La pensión media por jubilación en España en 2019 es de 1.133,94 euros. Pero la media, claro, obvia los extremos… La crisis ha provocado que 300.000 familias en España no tengan otro sustento que la pensión de los más mayores.
Artículo 51. “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Ahí están las asociaciones de consumidores y sus miles de comunicados semanales para denunciar atropellos. De los oligopolios en sectores claves como la energía a los acuerdos secretos en comunicaciones, pasando por comisiones abusivas de bancos, las preferentes…
Artículo 57. “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.
Ya no es sólo que el sentimiento republicano esté al alza en España y se haga necesario plantear un debate serio (y sereno) sobre el modelo de estado, sino que además la Constitución insiste en anteponer al varón por encima de la mujer. O sea, si Felipe VI y Letizia tienen un hijo, la princesa Leonor perderá su condición de heredera en favor de un hermano.
JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGESLos reyes y sus hijas, el pasado octubre en Somao, Asturias.
Artículo 69. “El Senado es la Cámara de representación territorial”.
La eterna reforma de la Cámara Alta para convertirla en la verdadera voz de las comunidades no se ha producido durante las últimas décadas. Todos los partidos saben que es necesaria pero ninguno la acaba de acometer.
Artículo 92.“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Los Gobiernos no han sido muy partidarios de hacer consultas sobre sus grandes decisiones. Incluso, la reforma exprés de la Constitución pactada en el verano de 2011 por el PSOE y el PP no llegó a ser sometida a votación del pueblo. El derecho a votar, que tanto se ha esgrimido en el refrendo no legal de Cataluña de 2017, se limita a pequeñas cuestiones municipales. La Constitución sí nació por una consulta, pero queda lejos… Tanto como 42 años.
Artículo 103.“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
¿Nos ponemos a citar sólo los casos de corrupción más recientes? Kitchen, Gürtel, ERE, Cajamadrid, Bankia, Pokémon, Brugal, CAM, Campeón, Noos…
Bonus track: hay otro artículo que no se cumple, el 128.1. Hace un tiempo, en agosto de 2012, el ahora ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, armó revuelo sencillamente citando lo que dice el texto:
“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Lo llamaron “comunista sin alma”, “bolivariano despiadado” o “saqueador de España”, entre otras lindezas. Fue el día en que Garzón hizo que muchos leyeran la Constitución y se dieran cuenta de cuán quimera es en muchos aspectos.
Alberto Garzón@agarzonYo defiendo que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Cases aïllades en urbanitzacions que s’utilitzen per plantar marihuana, punxant-hi la llum i l’aigua. És la situació que viuen els municipis de la comarca de la Selva, que han vist com en els últims cinc anys han proliferat les ocupacions d’immobles buits per utilitzar-los per a activitats il·lícites. “El problema és que, si els enganxen, com a molt es passen una nit a la presó. I ens hem trobat moltes vegades que un dilluns els Mossos desballesten una plantació i l’endemà la mateixa gent ja torna a muntar-la”, denuncia el president del Consell Comarcal de la Selva i alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, que reclama que s’endureixin les lleis i penes.
El boom de la construcció i la posterior crisi del 2008 van deixar moltes cases buides als centenars d’urbanitzacions que hi ha arreu de la Selva. “La gran majoria són propietat de bancs o fons voltor, i com que no denuncien els ocupants no se’ls pot fer fora de la casa”, lamenta Balliu, que recalca que tots els municipis selvatans que tenen urbanitzacions pateixen aquesta situació: “Caldes, Vidreres, Sils, Lloret, Riells i Viabrea…”
Por, incivisme i molèsties
Una de les poblacions més afectades és Maçanet de la Selva, que té tres grans urbanitzacions que sumen uns 100 quilòmetres de carrers. Moltes de les cases estan ocupades per dos perfils de població: persones en situació vulnerable o bé persones que es dediquen al tràfic de marihuana. “A l’Ajuntament ens consta que tenim 175 cases ocupades, 96 de les quals ens han demanat ajuda per regularitzar la situació”, indica l’alcaldessa, Natàlia Figuer, que fa un any que intenta negociar amb els fons voltor i els bancs perquè aquests ocupants es puguin quedar a les cases amb un lloguer social. “Però ens hem trobat amb empreses com Divarian, un fons voltor del BBVA, que contracten altres empreses que ofereixen diners als ocupants perquè se’n vagin”, critica Figuer, que just la setmana passada va rebre l’avís que havien ofert 9.000 euros a una família per deixar la casa que ocupaven. “I no volem que se’n vagin, no volem cases buides. Volem que es quedin amb un contracte i ajudar-los a través dels serveis socials”, deixa clar.
Tant per a Figuer com per a Balliu les ocupacions de persones vulnerables s’han de diferenciar molt bé de les ocupacions per a activitats il·lícites, que també són les que causen problemes de convivència amb la resta de veïns. “Tens arbres que envaeixen els carrers, rates, serps i molts tenen gossos perillosos per evitar que la gent s’hi acosti. I com que punxen la llum, molt sovint hi ha talls o cau la potència”, posa d’exemple l’alcaldessa. I l’alcalde afegeix: “I també creen una sensació d’impotència entre els veïns, que veuen que el de davant ni paga la casa ni la llum, i ni li cal treballar”.
Una sensació que comparteix una veïna de Caldes que viu al costat d’una casa ocupada dedicada al tràfic de marihuana. La Sandra -nom fictici- prefereix no revelar el seu nom “per por”. “Ens sentim abandonats perquè són lleis que depenen de Madrid i sentim ràbia i impotència”, lamenta abans de fer llista de les molèsties que pateix: “He hagut de posar alarma i reixes a totes les finestres, hem d’aguantar sorolls a totes hores, brutícia, baralles i, sobretot, molt d’incivisme”.
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marquès de l’Ensenada i ministre del rei Ferran VI, que havia estat un dels ideòlegs de la Gran Redada (30 de juliol de 1739), l’operatiu ordenat per la monarquia espanyola per detenir, concentrar i exterminar, de forma massiva i simultània, totes les persones d’ètnia gitana del regne d’Espanya. Aquell operatiu, que va ser vigent fins a la mort de Ferran VI (1759), es va saldar amb la mort de 12.000 persones, una quarta part de la població gitana d’Espanya.
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marquès de l’Ensenada
A Catalunya, en aquell moment, hi havia una comunitat gitana estimada en 5.000 persones, distribuïdes, principalment, a les ciutats de Barcelona (al barri del Raval), Lleida (a l’hort de Santa Teresa) i Reus (al raval de Sant Pere). La Gran Batuda, a Catalunya, va tenir un impacte menor que a la resta dels dominis borbònics hispànics. Segons les fonts de l’època, les autoritats municipals catalanes, coneixedores dels plans de Ferran VI i Ensenada, van ocultar bona part de les famílies perseguides.
També segons les fonts documentals, Ferran VI i Ensenada van recloure tota la població gitana que van poder detenir: van separar els homes de les dones i els nens. Van enviar els homes a treballs forçosos a les grans drassanes militars espanyoles (Cartagena, Cadis, Ferrol). En aquells camps de reclusió i treballs forçats, les taxes de mortalitat van ser horrorosament escandaloses: la majoria dels interns van morir a causa de les malalties, la infralimentació i els brutals maltractaments.
En canvi, les dones i els nens van ser reclosos en fàbriques tèxtils, principalment a Aragó i Castella. Les constants fugues dels col·lectius femení i infantil i els grups que havien pogut escapar de la persecució serien els qui garantirien la continuïtat de l’existència de la comunitat gitana.
DANIEL ESTULIN, Periodista de investigación. 39 años. Nací en Rusia, y he vivido en Italia y Canadá. Soy investigador. No revelaré mi modus vivendi, por seguridad. Tampoco diré si tengo pareja o hijos. Soy demócrata constitucionalista: ¡creo en la libertad! Por eso no soy globalista, y denuncio la estrategia del secretista Club Bilderberg. Soy ateo.
Qué es el club Bilderberg? –Un selecto grupo formado por 130 personas poderosas de todo el mundo, que cada año se reúnen en secreto durante cuatro días seguidos. –¿Para qué? –Para esclavizarte. –¿A mí? –A ti, a tus hijos, a todos los habitantes del planeta. –Ya me dirá cómo piensan hacerlo. –Mediante un gobierno mundial para un mundo posnacional, ya sin soberanías nacionales, sin banderas, con una moneda única, una única religión y un ejército único. –Según como, no suena tan mal… –Es el objetivo final de estos globalizadores ¡y es de una perversidad máxima!: eso facilitará un mundo de individuos esclavos, sin resortes para defenderse frente a un poder omnímodo y global. ¡Es más fácil dominar un mundo sin estados y desarmado! –Pero, a cambio, habría una paz universal. –Una paz fundada en la esclavitud y la dominación: una falsa paz. La ONU es una pieza de este juego: ¡los cascos azules son una herramienta más del Club Bilderberg! –¿Prefiere usted un mundo con países a la greña y con dictadores locales incluidos? –Lo que yo prefiero son países con democracia, soberanos y libres. Claro que a veces se generan conflictos y alguna guerra…, pero prefiero eso a la esclavitud global. –Nos rebelaríamos: ¡no me veo de esclavo! –¿No? ¿Te pregunto cuántos millones debes a los bancos ahora mismo? –Eh, porque a mí me ha dado la gana. –Claro, claro… Crees tener una casa, un coche, cosas… No: ¡no tienes nada! De un día para otro te pueden subir los intereses y… –Glups. –Uno de los objetivos del Club Bilderberg es erradicar el dinero en efectivo. Porque eso facilita la dominación. Bastaría teclear en un ordenador para dejarte sin nada…
–¿No es usted un poco paranoico? –No me creas: ¡investiga! Tengo miles de documentos que acreditan todo lo que digo. –¿Y cómo los tiene, si dice que el club Bilderberg se reúne en secreto? –Cada año se reúnen en un lugar distinto, y yo hace trece que les sigo, les investigo y he logrado tener un contacto que me ha filtrado documentos, arriesgando su propia vida. –¿Arriesgando la vida, dice? –Sí. Los bilderberg ya intentaron eliminarme una vez, boicoteando un ascensor… –¿Tanto les inquieta lo que usted diga? –Ellos arguyen que lo suyo es sólo una reunión privada de amigos…, pero despliegan grandes medidas de seguridad privada para alejar a la prensa: ¡les perjudica mucho que se filtren las charlas que allí mantienen! –Quieren globalizarlo todo: ¡vaya secreto! –Lee este documento, con las tesis de una de sus reuniones: plantean que hacia el año 2050 sobrarán en el mundo unos 3.000 millones de personas, a los que habría que eliminar con guerras y hambrunas… ¡Ellos son así! –¿Quiénes son exactamente ellos? –Presidentes de estados y de gobiernos, políticos y mandatarios de todos los partidos y países, presidentes de bancos (del BCE, del Banco Mundial, del FMI…) y de multinacionales, grandes empresarios… –¿Quién organiza el Club Bilderberg? –En el núcleo duro hay dos familias: los Rockefeller y los Rothschild. –¿Y dónde se han reunido este año? –En el pueblecito de Rottach-Eger, en Bavaria (Alemania), del 3 al 6 de mayo.
–¿Y de qué han hablado? –Entre otras cosas, de la fecha de la invasión de Irán: será este próximo otoño. –Muy tontos serían, visto lo de Iraq… –¡Pero es que hoy cada gota de petróleo es asunto de vida o muerte! Porque está acabándose… Ya han calculado que, en un par de años, el barril de crudo costará 200 dólares… –No me asuste. –Es así. Y no hay alternativa. Bueno, hay una: la energía nuclear. Pero no les interesa. –¿Por qué? –Un país con centrales nucleares e industrializado se convierte en un país autónomo, que compra menos energía, y no necesita pedir créditos y no acumula deuda…, ¡y entonces no pueden tener bien agarrado a ese país! –Está diciéndome que las nucleares son garantía de independencia, de soberanía… –Exacto, y los bilderberg han logrado que tengan muy mala prensa, y lo han conseguido mediante Greenpeace, sobre todo. –¿Greenpeace está también en esa conjura? –¿Quién crees que financia esos barcos, esos despliegues? ¿Huchas de jovenzuelos? –Me asombra usted… –El objetivo es debilitar a todos los países –incluido Estados Unidos– para alcanzar esa aldea global. ¡Y por eso también les molesta que la gente disponga de armas propias! Y usan a Michael Moore para desacreditar a los patriotas norteamericanos armados. –¿Habla de Bowling for Columbine? –Sí: ¡Michael Moore es un globalista asqueroso más! Yo temo menos a un arma en manos de un ciudadano que a David Rockefeller, esa encarnación del mal, ese monstruo. –Hombre, no falte… –Cuando en Canadá se convocó el referéndum de Quebec, descubrí que todos los líderes de todos los partidos cobraban de… Rockefeller. El plan era hacerse con el país, y construir grandes presas y cobrar por el agua. Yo lo desvelé… e intentaron asesinarme. –¿Algún otro plan diabólico que conozca? –Una tasa mundial sobre la gasolina: con la excusa de ayudar a los pobres, nos tragaremos ese impuesto global a todos los ciudadanos libres: ¡es sólo un paso globalizador más!
La ministra d’Afers Exteriors, Arancha GonzálezLaya, ha evitat donar suport explícit a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental com a solució a la represa del conflicte entre el Marroc i el Front Polisario d’aquest últims dies.
Diverses resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides demanen des de fa gairebé vint anys la celebració d’un plebiscit per l’autodeterminació del poble sahrauí. “Veig prioritari totes les resolucions de l’ONU, que inclouen diversos paràmetres, tots són vàlids”, ha dit González Laya evitant mencionar la paraula “referèndum”.
En canvi, ha destacat que ara és “prioritari” el nomenament d’un representant de la Missió de l’ONU per al Referèndum al Sàhara Occidental. Aquest càrrec està vacant des de fa més d’un any.
González Laya ha assegurat que des del govern espanyol estan mantenint “nombrosos contactes” amb els països de la regió, entre ells el Marroc, per buscar una “via de diàleg” entre les parts en conflicte.
Un govern progressista?
Aquest posicionament, a més d’ignorar l’ONU, també grinyola força amb el del vicepresident segon de l’executiu espanyol, Pablo Iglesias, qui es va mostrar partidari a favor d’un referèndum recordant les mateixes resolucions de les Nacions Unides.
González Laya també ha explicat que s’ha reunit amb els seus homòlegs de Polònia i Hongria per tal de convence’ls sobre el caràcter ‘genèric’ del requisit de respectar l’estat de dret a l’hora de rebre fons europeus. Laya els ha instat a donar suport al pressupost aclarint que el mecanisme que condiciona els fons al respecte de l’estat de dret “no va dirigit a cap país“.
Precisament l’Estat espanyol és el país que més s’ha beneficiat de la doble moral de la Unió Europea en matèria de vulneració de drets i llibertats. I és que mentre Brussel·les s’ha centrat en assenyalar l’activitat d’Hongria i Polònia, s’ha negat a veure tota la repressió exercida contra l’independentisme català.
Concentració de simpatitzants de Vox davant del Tribunal Constitucional / Efe
El partit d’ultradreta Vox es prepara per proposar una contraofensiva lingüística que es redueix al principi d’imposar la llengua castellana en tots els àmbits, incloses les entitats privades que reben subvencions públiques. Precisament en un moment en què es planteja la possibilitat d’avançar cap a una concepció plurilingüística de l’estat espanyol eliminant el castellà com a llengua vehicular en l’ensenyament, Vox proposa una batzegada per capgirar aquesta situació i garantir la supremacia del castellà.
Dimarts vinent, segons recull Europa Press, la formació de Santiago Abascal portarà al ple del Congrés dels Diputats una proposició no de llei que pretén legalitzar la imposició lingüística del castellà. La proposta es fa des d’un to autoritari des del qual es marca que “ja és hora” que l’Estat “posi ordre” en l’ús del castellà, llengua que la Constitució imposa a tots els espanyols a través del seu article tercer: “Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a utilitzar-la”.
Aquests són els següents punts en consideració de la proposta de Vox:
Dret a estudiar “exclusivament” en castellà
El partit d’ultradreta instarà el govern de Pedro Sánchez a garantir un suposat dret de tots els espanyols a estudiar “exclusivament” en castellà a tot el territori ‘nacional’, és a dir, deixar en mans de pares o tutors la possibilitat que els escolars no estudiïn en cap altra llengua, un extem que considerat al peu de la lletra portaria a impedir l’aprenentatge d’altres llengües, sigui el català o l’anglès, per posar dos exemples.
Dret de tots els espanyols a “viure plenament” en castellà
Una altra iniciativa de Vox seria la de legalitzar el desconeixement actiu de llengües oficials que no siguin el castellà, una cosa que suposaria donar als castellanoparlants més drets que a la resta d’espanyols pel simple fet de parlar aquest idioma, és a dir, garantir l’existència d’espanyols de primera o castellanoparlants. De fet, la petició està molt en la línia de l’article 3 de la Constitució, que obliga els catalanoparlants a ser bilingües i legalitza el monolingüisme dels castellanoparlants.
Toponímia i cartelleria en castellà
Vox pretén que la senyalització, retolació, cartelleria i comunicacions de qualsevol administració pública estigui sempre i per defecte en castellà, inclosa la toponímia oficial, i que en cas d’utilitzar una altra llengua, aparentment de forma optativa, s’ha de garantir que la part escrita en castellà sigui d’igual mida i forma que l’altra llengua oficial utilitzada.
Intervenció en les entitats privades
Igualment, Vox considera que les mesures impositives del castellà en les administracions públiques s’han d’estendre a totes les entitats, siguin públiques o no, en cas que duguin a terme activitats socials si se’ls ha reconegut el dret a percebre qualsevol classe de subvenció o ajuda pública.
Funcionaris monolingües, només si són castellanoparlants
Així mateix, Vox planteja una cosa que ja es compleix en l’actualitat, la possibilitat de relacionar-se amb les administracions en castellà, encara que no es compleix a la inversa, i per a això exigeix que s’asseguri que la llengua vehicular, de comunicació i de treball de totes les administracions sigui el castellà, això sí, el partit d’ultradreta és condescendent i assegura que això no anirà en perjudici que als territoris amb una altra llengua ‘cooficial’ es disposi el necessari perquè es pugui utilitzar també aquesta última. Això sí, subratllen que no es podrà obligar “en cap cas” els funcionaris a conèixer i/o utilitzar una llengua diferent del castellà, mentre plantegen suprimir el requisit de conèixer l’altra llengua oficial per accedir a una ocupació pública.
Sancions als incompliments
Així mateix, demanen que per garantir la supremacia del castellà s’estableixi una relació d’infraccions i sancions en cas d’incompliment de les normes a favor del castellà.
Proves de nivell de castellà
Vox també demana que per garantir l’obligació de tots els espanyols de conèixer el castellà es facin proves de nivell i d’avaluació oficials —una cosa ja inclosa actualment en el sistema escolar—, però posant èmfasi en la necessitat de dur a terme aquestes proves fora del territori de l’Espanya monolingüe.
gutta cavat lapidem 