La portavoz de Adelante Andalucía alude a pasajes bíblicos para reprochar a la formación de ultraderecha una moción sobre vivienda que excluye a extranjeros
Teresa Rodríguez habla desde la tribuna del Parlamento andaluz. Joaquín Corchero (EP)
La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha esgrimido versículos de la Biblia en el Parlamento andaluz para reprocharle a Vox sus políticas xenófobas al hilo de una moción que la formación de ultraderecha ha presentado sobre política general en materia de vivienda en la que pone el requisito de “prioridad nacional” para los aspirantes. Rodríguez, además de incidir en que medidas de este tipo coinciden con las que defienden partidos como Fuerza Nueva, le ha reprochado a Vox que hay que verlo poniéndose en el papel de los miles de andaluces que han emigrado al extranjero y que pueden verse muy perjudicados si, en sus países de adopción, una formación de ultraderecha plantea iniciativas similares.
Al hilo de que el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha señalado que “la caridad empieza por uno mismo”, Teresa Rodríguez ha aprovechado para hablar de cristianismo, “una cultura que yo he compartido y una formación que he compartido seguramente con muchos de ustedes”. En este sentido, le ha recordado a la formación de ultraderecha que su candidata en las pasadas elecciones autonómicas, Macarena Olona, “estuvo toda la campaña diciendo que había que regar Andalucía de cruces y recuperar la cultura cristiana como base de nuestra civilización”, además de señalar que “trajeron a la señora Meloni [primera ministra italiana], que habló de la universalidad de la cruz”.
“No les voy a citar aquí ni el Manifiesto Comunista ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni siquiera la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía, les voy a citar la Biblia, y miren ustedes, señores de Vox, la Biblia maldice a los xenófobos”. A continuación, ha citado versículos como “maldito el que viole el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda” (Deuteronomio 17:19) o “al forastero que reside junto a nosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo” (Levítico 19:34). También ha recordado que “conoceréis la suerte del emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto” (Éxodo 23:9).
También ha recordado palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento, como “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis”, o cuando resalta que al ayudar a personas, entre ellas migrantes, “lo hicisteis también a mí mismo, eso dice Jesucristo”. También ha mencionado Hebreos 13:1 (“no se olviden de practicar la hospitalidad porque gracias a ello algunos sin saberlo hospedaron a ángeles”), “así que señores de Vox, no les pido que sean humanitarios, les pido que sean ustedes cristianos”, afirmación que ha remachado con un “feliz Navidad”.
El Col·lectiu Ronda y el Sindicat de Llogateres sientan por primera vez a un fondo buitre en el banquillo por la inclusión de una serie de “cláusulas abusivas” en el contrato de una vecina de Granollers cuyo alquiler subió de 385 a 897 euros.
Silvia Torres lleva casi seis años viviendo en un piso en Granollers (Barcelona) que al principio le costaba 385 euros mensuales. El propietario era Banco Sabadell, pero cuando faltaba poco para acabar el contrato, el banco lo vendió al fondo buitre Azora. Si quería renovar y quedarse en su casa, la empresa notificó a Silvia que su alquiler subiría a 690 euros en los siguientes tres años, y a 897 euros los cuatro que quedarían hasta su finalización. “Yo era consciente de que habría una subida, pero triplicar el alquiler es otra cosa. Este piso no lo vale”, explica Silvia por teléfono a Público.
Todo el proceso de renovación estuvo marcado por la “poca transparencia” del fondo. Silvia no pudo ver el contrato hasta el día de la firma, y tampoco podía sacarlo de la oficina si no era firmado. Ya sellado, lo llevó a un abogado, que constató que había una serie de “cláusulas abusivas” y estaba “totalmente desequilibrado” en cuanto a las obligaciones de arrendador y arrendatario.
Por eso Silvia, junto con el Col·lectiu Ronda y el Sindicat de Llogateres, ha sentado a Azora en el banquillo de los acusados en un juicio pionero que se llevó a cabo en noviembre y que ha quedado visto por sentencia. “Coger las maletas y marcharse sería lo más fácil, y es lo que tuvieron que hacer otros vecinos. Pero pensé que esto era una injusticia y que había que denunciarlo”, explica la demandante.
Hace más de dos años que interpusieron la demanda, pero el proceso se ha alargado más de lo habitual debido a la pandemia. El juicio ha llegado en un momento en el que los precios de los alquileres están en máximos históricos mientras el Gobierno debate si regularlos o no.
La abogada Montse Serrano (izquierda) junto a la denunciante, Silvia Torres. FOTO CEDIDA POR EL SINDICAT DE LLOGATERES
Este juicio podría marcar un precedente ante unos abusos inmobiliarios que no afectan sólo a Silvia, sino también a miles de arrendatarios de Azora y otros fondos buitre, propietarios de buena parte de los pisos de alquiler a raíz de su entrada en el mercado de la vivienda posterior a la crisis de 2008. “Son muchos los contratos de arrendamiento en manos de estos fondos, y si no se paran estas prácticas, se pueden ir generalizando”, advierte en una llamada con Público Montse Serrano, abogada del Col·lectiu Ronda. De este juicio esperan que salga una sentencia que pueda disuadirles a la hora de incluir este tipo de cláusulas.
Hasta diez cláusulas “abusivas” y “fraudulentas” No se trata sólo de la subida del alquiler. Los colectivos han denunciado hasta diez cláusulas “abusivas y fraudulentas” incluidas en el contrato de Silvia que denuncian que atentan contra los derechos de los inquilinos. Una de ellas es, por ejemplo, que el inquilino deba asumir el seguro de impago.
También que se declare que el contrato ha sido negociado libremente entre ambas partes, cuando Silvia no pudo siquiera acceder al texto antes de su firma. La posibilidad de que se queden la fianza, el cobro de una penalización muy alta por la demora en el retorno de las llaves o la autorización para incluir al inquilino en el registro de morosos son otras de las cuestiones.
“Se trata de cláusulas que pueden ser nulas, y sucede en mayor medida en fondos buitre porque no hay capacidad de negociación“, sostiene Serrano. “No tuve opción de negociar nada ni hablar con ningún interlocutor”, confirma Silvia.
Se trata de unas prácticas que normalmente no se denuncian por los costes que supone, a distintos niveles, y el sector inmobiliario lo sabe: “Si son abusos que no tienen gran relevancia económica, piensan que habrá arrendatarios que no lo tirarán por la vía judicial”. Esto hace que se sigan aplicando: “Animamos a que se denuncien estas prácticas porque es la manera de erradicarlas”, afirma Serrano.
Ronda está preparando ya otras demandas similares. No saben cuándo saldrá la sentencia, pero están satisfechas con el desarrollo del juicio: “Las sensaciones son buenas, porque estoy convencida de que tenemos razón”, dice la abogada.
Si se gana el juicio, se anularán las cláusulas abusivas de Silvia y no se podrá efectuar la subida de enero, debiendo también devolverle la cuota del seguro de impago. Pero lo importante es la posibilidad de que genere un precedente de cara a la firma de nuevos contratos. “Estas empresas juegan con el desconocimiento de miles de personas sin recursos, pero yo no quiero pasar por el aro. No pido un regalo, reclamo un precio coherente y según el precio por metro cuadrado”, concluye la inquilina.
El problema de l’habitatge s’agreuja mentre milers de pisos segueixen buits malgrat les noves lleis
Què diu la llei sobre els grans tenidors?
Des del 2015 a Catalunya els propietaris han de registrar els pisos que estan buits, i en cas que portin més de dos anys en aquest estat, la llei preveu sancionar-los.
La llei preveu multes o fins i tot expropiacions als grans tenidors que mantenen pisos buits molt de temps, però a la pràctica, si mirem les xifres, a Barcelona només s’han posat 52 sancions, per valor d’1,1 milions d’euros, i s’han expropiat 6 pisos.
L’Ajuntament de la capital catalana ha obert 290 expedients que durant el procés s’han acabat arxivant perquè els pisos s’han acabat llogant o venent.
La llei d’emergència habitacional aprovada al Parlament aquest 2022 va rebaixar la definició de gran tenidor jurídic a partir de 10 habitatges. Així es pretén posar dificultats a la pràctica d’alguns fons d’inversió, que trossegen i fan miniempreses dins les mateixes empreses perquè no se’ls consideri grans tenidors. Els particulars continuaran sent grans tenidors a partir de 15 habitatges.
El negoci dels fons d’inversió Segons Manuel Gabarre de Sus, l’advocat que investiga delictes econòmics a l’observatori CODE (col·lectiu format per activistes de la societat civil per visibilitzar què hi ha darrere els fons d’inversió), aquests fons han vist una gran oportunitat de negoci a Espanya perquè les polítiques d’accés a l’habitatge i les condicions que tenen llogaters i arrendataris els han afavorit, i molt.
L’advocat denuncia que el Ministeri d’Economia “ha assignat la privatització de la Sareb al mateix Blackstone”. Gabarre de Sus compara el cas amb Dinamarca. Recorda que allà el ministre d’Habitatge va dir que “és una inversió infame i que és perjudicial per a la ciutat, i que faran el que puguin perquè no inverteixin en el país”:
“El govern danès va decidir analitzar el model de negoci de Blackstone i curtcircuitar-lo. Com es pot curtcircuitar aquest model? Impedint que els propietaris que feien reformes poguessin apujar el preu del lloguer en un període de cinc anys.”
“A Espanya la situació és la contrària: se’ls dona la gestió del patrimoni públic més gran d’habitatge”, denuncia Gabarre de Sus.
Arran de la crisi del 2008 es va limitar l’accés a les hipoteques i l’opció del lloguer era la majoritària. En aquest context, el govern del PP va abaixar de cinc a tres anys la durada dels contractes de lloguer. Per a l’observatori CODE era com si el govern animés a una pujada dels preus dels lloguers.
“Si el 2015 un llogater et pagava 500 euros, el 2018 te’n pagava 750. Era molt atractiu per a aquests fons oportunistes comprar molt barat i pensar: ‘aquí apujaran els lloguers perquè a la gent no li queda cap més sortida.'”
Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, creu que els fons d’inversió han sabut deixar pisos buits per crear una “falsa sensació d’escassetat i de falta d’oferta”. Per Arcarazo, però, el que hi ha són “unes males praxis que l’administració hauria de perseguir”.
Per Gabarre, a aquests pisos no se’ls ha donat “la funció social que té l’habitatge“: “per al sector financer sempre s’ha tractat com una mercaderia, com una mercaderia financera”.
Ser l’única veïna en un pis d’un fons voltor
Al Raval, a Barcelona, hi ha molts pisos buits d’aquests fons d’inversió oportunistes, que des dels moviments per a la defensa de l’habitatge se’ls assenyala com a fons voltors. Un d’ells és el del carrer del Carme 23, on tots els pisos de la finca, tret de tres, estan buits i amb portes blindades.
Eleonora Delli Carri és una de les poques veïnes de l’edifici i explica la seva experiència en aquest vídeo:
Uns metres més enllà, al mateix carrer del Carme i propietat del mateix fons, hi ha una altra finca, al número 106, que ja fa anys que també té molts pisos buits.
La Laura, del Sindicat d’Habitatge del Raval, viu al carrer del Carme 106: “Aquest bloc ara és d’Optimun, que forma part de l’entramat del fons voltor de Cerberus; és una de les immobiliàries que té Cerberus”.
Els veïns expliquen que tenen dos blocs sencers de pisos buits amb seguretat privada vigilant-los i amb portes antiocupes als accessos.
Una trobada de fons d’inversió
Des del Sindicat de Llogateres critiquen les administracions, que han deixat que en sòl públic s’hagi celebrat el congrés internacional The District, a la Fira de Barcelona, els dies 19, 20 i 21 d’octubre.
Segons la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, els principals fons d’inversió de tot el món han vingut a Barcelona a dissenyar estratègies per buidar els pisos.
“L’administració, en comptes de perseguir aquestes males praxis, el que veiem que fan és deixar-los instal·lacions perquè facin congressos per dissenyar les estratègies de com seguir expulsant els veïns de Barcelona.”
Desde 2012, este grupo ha aumentado en más de 5.600 personas al pasar de unas 22.900 a más de 28.500 en 2022, según los últimos datos del INE
Las personas sin hogar en España han crecido casi un 25% en los últimos diez años. Un incremento de más de 5.600 personas que han debido buscar refugio en centros asistenciales. Este colectivo ha pasado de 22.900 personas en 2012 a más de 28.500 en 2022, según los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística.
La encuesta del INE, que se ha actualizado después de una década, indica que más de la mitad de todas estas personas “presenta algún síntoma depresivo” y que casi un tercio se quedó sin hogar por “la necesidad de empezar de cero” tras llegar desde otro país. Al mismo tiempo, un cuarto de esas 28.000 personas se encontraron en esta situación porque había perdido su empleo, indica el Instituto.
A la hora de abordar esta situación, a pesar de que los recursos para acoger a personas sin hogar han crecido durante diez años, el nivel de ocupación –rayano con la saturación– de los centros donde pernoctan y son atendidos es prácticamente el mismo. La situación es la siguiente: aumenta un 50,96% el número de centros de atención a personas sin hogar en una década al pasar de 675 en 2010 a 1.019 en 2020. Sin embargo, apenas se refleja un descenso en la ocupación ya que, a nivel nacional, los centros únicamente están un 0,71% menos saturados que hace diez años.
Aunque tres cuartas partes del colectivo son hombres, la encuesta destaca el aumento de población femenina sin hogar. Si en 2012 la proporción de mujeres era del 19%, en 2022 ese porcentaje se ha colocado en el 23%. de 4.100 a más de 6.500 mujeres que viven en la calle.
Además, el sinhogarismo se da a partes iguales entre españoles y extranjeros. La edad media de estas personas, según el INE, está en los 42,9 años. Los más mayores, aquellos que superan los 64 años y están sin hogar, suponen el 5,5% de este grupo.
Con estos datos, la proporción de personas sin hogar por cada 100.000 habitantes en España se coloca en 86,6, aunque con grandes diferencias territoriales. Así, en Euskadi son más de 315 por cada 100.000 personas y en Navarra 214. Por encima de la media nacional se sitúan Cantabria, Castilla y León, Asturias, Galicia, Aragón , La Rioja, Andalucía y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla.
Por debajo, cierra la lista la Comunitat Valenciana con solo 14,8 personas por cada 100.000 habitantes. También por debajo de la media se colocan Extremadura, Madrid, Baleares, Canarias, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Catalunya.
Decenas de políticos y empresarios pasaron de decidir el destino de cientos de miles de viviendas e hipotecas “tóxicas” de las cajas quebradas a ocupar altos cargos de los principales beneficiarios de aquellas medidas. Aquí una pequeña muestra.
Toda la historia de las cajas quebradas por la crisis de 2008 y de la Sareb —el banco malo creado para comprar ese patrimonio inmobiliario entonces considerado “tóxico”— es la historia de una gran puerta giratoria, una puerta por la que pasaron decenas de miles de millones de euros de dinero público que terminaron en manos privadas, de un rescate encubierto de la banca que terminó favoreciendo a los grandes fondos de inversión y promocionando a una generación de políticos y empresarios que vieron en la tormenta inmobiliaria de principios de la década de los 10 oportunidades de negocio, ascenso y promoción.
Por esa puerta giratoria pasaron 35.000 millones de euros, los que el Estado pidió prestado a la Unión Europea para comprar más de 200.000 viviendas e hipotecas consideradas “tóxicas” de las bancas quebradas. Unos 35.000 millones que fueron avalados por el propio Estado y no por los principales bancos españoles, que fueron quienes se quedaron con el visto bueno del Gobierno del PP con la mayoría accionarial del banco malo. Cuando era imposible disimular la quiebra técnica de la Sareb, la agencia de estadística de la Comisión Europea le recordó a España de quién era el aval y que esos 35.000 millones eran deuda pública.
Los dos presidentes que tuvo hasta ahora el banco malo abandonaron su puesto para pasar a trabajar en entidades que se beneficiaron directamente de su gestión en la Sareb: Jaime Echegoyen, en Haya Real Estate; y Belén Romana, en el Banco Santander La gestión de los dos presidentes de la Sareb, Belén Romana (2012-2014) y Jaime Echegoyen (2015-2021), dejaron miles de millones de euros de pérdidas y una empresa quebrada que tuvo que ser rescatada y nacionalizada en enero de este año. A pesar de los malos resultados, Romana fue contratada por el Banco Santander y Echegoyen por Cerberus-Haya Real Estate, ambas entidades favorecidas por la gestión de estos dos altos ejecutivos.
El reciente fichaje de Echegoyen muestra cómo el fenómeno de las puertas giratorias ha nutrido de beneficios a las inmobiliarias, a los grandes bancos y especialmente a los grandes fondos de inversión, que consiguieron gracias a sus contactos con la alta política convertirse en los principales actores del mercado inmobiliario español.
El fenómeno de las puertas giratorias no se limita a la Sareb, sino también al patrimonio inmobiliario de otras cajas quebradas o en problemas que fueron entregadas antes de la creación de la Sareb a bancos y fondos de inversión. La historia de la Sareb y la banca quebrada es la historia de una gran estafa. Recorrer la trayectoria profesional de algunas de las personas que tomaban entonces las decisiones ayuda a entender cómo la gran idea de la Sareb se convirtió en un desfalco para la administración pública y una fuente de negocios inagotable para el gran capital inmobiliario.
Puertas giratorias en la Sareb y las cajas quebradas
Una pequeña muestra de una generación de empresarios y políticos que pasó de decidir qué hacer con cientos de miles de viviendas a ocupar altos cargos de empresas beneficiadas de esas políticas
Jaime Echegoyen Es el caso más reciente y uno de los más claros de puertas giratorias que afectan a la Sareb. Echegoyen llegó de Barclays y Bankinter a la Sareb a principios de 2014, donde fue nombrado consejero delegado. Un año después, el 26 de enero de 2015, fue elegido presidente de la entidad, cargo que ocupó hasta el 7 de mayo de 2021, cuando presentó su dimisión. A pesar de que alegó “cuestiones personales”, la fecha de su alejamiento coincide con el anuncio del Gobierno de que tomaría el control de la entidad, hasta entonces con mayoría privada.
Un año después, el 16 de julio de 2022, se daba a conocer que fichaba por Haya Real Estate, la filial española de Cerberus que elevó a arte la práctica de la puerta giratoria y la influencia política para conseguir negocios en la pasada década.
De la mano de José María Aznar Botella o Juan Hoyos Martínez de Irujo —hijo y amigo íntimo del ex presidente respectivamente— el gigante fondo de inversión estadounidense se hizo con contratos millonarios: en 2013 comenzó a gestionar toda la cartera inmobiliaria de Bankia y un año después se quedó con la gestión del 40% de todo el patrimonio inmobiliario de la Sareb. En el momento en que el banco malo entregaba la gestión de 52.000 hipotecas por valor de 18.000 millones a Cerberus, Echegoyen ya era consejero delegado de la Sareb y un mes después se convertía en su presidente.
El 16 de julio de 2022, el que fuera presidente de la Sareb durante siete años, Jaime Echegoyen, fichaba por Haya Real Estate, la filial española de Cerberus que elevó a arte la práctica de la puerta giratoria y la influencia política para conseguir negocios en la pasada década Durante la presidencia de Echegoyen, Haya Real Estate se benefició además de varios contratos vinculados con el banco malo. En octubre de 2019, Sareb eligió a Cerberus para gestionar una cartera de unos 8.400 millones de euros durante 30 meses, hasta mediados de 2022. “El nuevo modelo de gestión pactado con Haya Real Estate va a ser más flexible, más eficiente, más alineado con nuestro plan de negocio y con la estrategia de transformación de nuestra cartera, y nos prepara mejor para los retos que tengamos que abordar en el futuro”, explicó entonces Echegoyen.
Y en enero de 2020, la Sareb otorgó un contrato a Haya para la gestión de parte de su cartera de activos en alquiler en un contrato de dos años para la comercialización de 3.300 inmuebles, de los que 1.800 eran viviendas.
Belén Romana Si se habla de puertas giratorias en las salidas y las entradas de la Sareb, toca hablar también de Belén Romana. Fue la primera presidenta de la Sareb, un puesto que dejó en enero de 2015 para ser reemplazada por Echegoyen. Los dos presidentes que tuvo hasta ahora el banco malo abandonaron su puesto para pasar a trabajar en entidades que se beneficiaron directamente de su gestión en la Sareb: Echegoyen, en Haya Real Estate; y Romana, en el Banco Santander, once meses después de dejar su puesto en la entidad semipública. En esos momentos, Santander era el primer accionista privado de la entidad semipública, con un 22,2%, una posición que mantiene en la actualidad pese a la nacionalización.
Belén Romana fue designada presidenta de la Sareb en 2012, año en el que nació la entidad. Romana era un cargo cercano a Luis de Guindos, padre del banco malo y entonces ministro de Economía. Había sido también secretaria de Estado con Rodrigo Rato. Su nombramiento como presidenta de la Sareb fue criticado por carecer de experiencia en el mercado inmobiliario.
En 2014, la entonces presidenta de la Sareb, Belén Romana, adjudicó la gestión de 44.000 activos de la Sareb a Altamira, inmobiliaria con el 15% de acciones en manos del Santander. Un año después fue fichada por el banco de Ana Botín En 2014 adjudicó la gestión de todo el patrimonio de la Sareb a Haya Real Estate —fondo que contaba con numerosas conexiones con el PP—, Servihabitat y Altamira Asset Management, la inmobiliaria tradicional del Banco Santander. Según un comunicado del banco malo, la cartera adjudicada a Altamira consistió en 44.000 inmuebles y préstamos al promotor originados por Catalunya Caixa, BMN y Caja3 que costaron a la Sareb 14.000 millones de euros. Un año antes, en 2013, el banco de Ana Botín había vendido el 85% de Altamira, unas acciones que terminaron en manos del fondo doValue, dependiente en última instancia del fondo de inversión Fortress. El Santander mantuvo en su poder el 15% de las acciones restantes de la inmobiliaria.
El conflicto de intereses entre Romana y el Banco Santander también viene por los activos tóxicos del Banco Popular, una entidad que pactó con las autoridades un plan que eludía la intervención gubernamental gracias al compromiso de ampliar capital y la creación de su propio banco malo. Este proyecto se concretó en la venta del 51% de su inmobiliaria, que tras un juego de trilería financiera terminó en 2017 en manos de Aliseda-Blackstone. Tras la compra del Banco Popular por parte del Santander, el banco de Ana Botín y Belén Romana posee el 49% de esta inmobiliaria cuyo patrimonio no pasó a formar parte de la Sareb por una decisión política.
Eduard Mendiluce Es el hombre de Blackstone en España como consejero delegado de Anticipa y Aliseda, dos de sus filiales. La primera de ellas, junto con el fondo de inversión KKR-Hipoges, se ha quedado con la gestión de la cartera inmobiliaria de la Sareb a partir de este 1 de julio.
Aunque Mendiluce no es técnicamente un político ni ha ocupado puestos en la administración, ha sabido navegar y caer siempre de pie. Entre sus milagros destaca el haber sobrevivido —y salir reforzado— al naufragio de Caixa Catalunya, la que llegó a ser la quinta caja más grande de España y la segunda de Catalunya.
En julio de 2008, este empresario fue fichado por Caixa Catalunya, como responsable de su gigantesca pata inmobiliaria. Eran tiempos del socialista José Montilla en el Gobierno de la Generalitat y de Narcís Serra, vicepresidente con Felipe González, en la dirección de esta caja semipública.
Mendiluce fue el encargado de reordenar el patrimonio inmobiliario de Caixa Catalunya después del estallido de la burbuja inmobiliaria y organizar su privatización —en ese momentos la caja ya estaba intervenida y nacionalizada a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la responsable de la Sareb—.
En 2014 Mendiluce culminó el traspaso de 41.000 hipotecas consideradas “tóxicas” —activos valorados en 9.000 millones de euros— a Anticipa-Blackstone por solo 40 millones de euros. Con el lema “CX Inmobiliaria ahora es Anticipa”, la gestión de todos los inmuebles de la inmobiliaria de Caixa Catalunya pasaron a Blackstone. Y Mendiluce pasó a ser el consejero delegado de Anticipa.
Tanto Serra como el que fuera director general de la caja en esos años, Adolf Todó, fueron imputados en varios juicios por administración desleal, enriquecimiento injustificado y subidas de sueldo escandalosas para medio centenar de altos directivos en medio de la crisis de la caja. En 2017, la Audiencia Nacional imputó a Serra y a Todó por provocar un agujero de más de 720 millones de euros en el balance de la entidad por operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2013. Y en 2019, la Fiscalía pidió para los dos directivos cuatro años de cárcel por el caso de los sueldos desorbitados, aunque luego fueron absueltos. A pesar de que Mendiluce era el responsable de todo el negocio inmobiliario de la caja en los peores años de la crisis y fue uno de los que se benefició de esas altas retribuciones —273.000 euros anuales en su caso—, consiguió salir indemne y fortalecido de la ruina de una de las cajas más grandes del Estado español.
En julio de 2022, como consejero delegado de Anticipa y Aliseda, Mendiluce se hizo con la gestión de la cartera de la Sareb, negocio que compartirá con el fondo de inversión KKR-Hipoges.
Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias PP. La exvicepresidenta con Rajoy dejó la político y pasó a trabajar para el bufete de abogados Cuatrecasas, que recibió millonarios contratos durante la creación de la Sareb.
Soraya Sáenz de Santamaría La línea que une a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con el banco malo es el bufete de abogados Cuatrecasas, el segundo más grande de España. Meses después de dejar el Gobierno y la política, en marzo de 2019 fue contratada por este famoso despacho como socia en el área mercantil.
¿Y qué tiene que ver Cuatrecasas con la Sareb? En 2012, este despacho consiguió un gran contrato para asesorar al FROB en el nacimiento de la Sareb. No hay datos sobre cuánto dinero supuso este primer contrato de 2012 para Cuatrocasas, pero la prensa económica daba por hecho que le había permitido “salvar el año” con una facturación de 1,2% mayor que la de 2011 gracias a su área mercantil y concretamente a su asesoría para crear el banco malo.
En años posteriores, el bufete asesoró a la Sareb en una ampliación de capital y emisiones de bonos por valor de 28.000 millones de euros y en la valoración, junto con otras seis firmas, de 200.000 activos inmobiliarios que fueron transferidos desde las cajas nacionalizadas. El mismo bufete que ayudó a marcar los precios y asesoró a la Sareb, poco después pasó a trabajar con fondos y bancos que compraron activos de la Sareb, como Cerberus, Merrill Lynch o Canyon Capital Finance. El 4 de agosto de 2021, Servihabitat ganaba un contrato del suelo de Sareb para el desarrollo de solares para 60.000 pisos. Según se puede leer en su propia web, Cuatrecasas asesoró a este servicer inmobiliario en todo el proceso de licitación, negociación y adjudicación del contrato.
Un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado —ambas dependientes de Sáenz de Santamaría entonces— dejó una petición de 20 años de cárcel para el dueño del bufete Cuatrecasas en una condena de dos años, el límite para no entrar en la cárcel. Ahora la exvicepresidenta trabaja en ese bufete La prensa de la época achacó el primer gran contrato con la Sareb a un trabajo previo que el despacho había realizado para el Gobierno de Rajoy por el valor de 1 euro: nada menos que el desarrollo de un Fondo de Pago a Proveedores, con un fondo de 35.000 millones, pensado para pagar deudas de ayuntamientos y comunidades autónomas.
No fue este el único favor del PP a Cuatrecasas. Si los contratos de este bufete catalán vinculados con la Sareb no son achacables directamente a Sáenz de Santamaría más allá de que era la número dos de Rajoy, sí lo es lo que ocurrió en 2015, cuando Emilio Cuatrecasas, actual jefe de la exvicepresidenta, fue condenado por defraudar a Hacienda más de tres millones de euros. Un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado —ambas dependientes de Sáenz de Santamaría entonces— dejó una petición de 20 años de cárcel en una condena de dos años, el límite para no entrar en la cárcel, y una multa de 1,5 millones añadida a la devolución del monto defraudado.
Walter de Luna En septiembre de 2014, el ex director general de la Sareb Walter Luna se convertía en el fichaje estrella de la división inmobiliaria de Acciona, el grupo controlado por la familia Entrecanales. Junto con Luis Moreno, ex director de activos financieros de la Sareb y compañero de Luna en Acciona, puso en funcionamiento en 2018 Ibero Capital Managment, una plataforma inmobiliaria con 400 millones de euros aportados por uno de los mayores fondos de inversión del mundo, Oak Hill Advisors. En Ibero Capital también participó hasta este año Arturo de Fernando, ex director de Acciona Inmobiliaria y ex director financiero de Sareb.
En 2016, una investigación periodística internacional situó el nombre del ex número dos de Belén Romana en la Sareb entre los Papeles de Panamá. Según el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Walter de Luna había sido intermediario de una empresa offshore en las Islas Vírgenes británicas creada por el despacho Mossak Fonseca durante cuatro años, entre 1994 y 1998.
Alicia Hinojosa Esta arquitecta de profesión fue la gerente adjunta del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y responsable entre 2007 y 2010 del desarrollo urbano de esta entidad. Según el auto de la Trama Púnica, esta institución fue utilizada para desviar fondos hacia las cuentas del Partido Popular “aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010”. El antiguo alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado por la Gürtel, confirmó que Alicia Hinojosa era uno de los dos ejecutores de esta vía de financiación ilegal del partido, aunque las órdenes “venían de arriba”. Tras el cierre del Imade, Hinojosa pasó a formar parte de la sociedad sin fines de lucro Madrid Network, según el trabajo del investigador Manuel Gabarre, autor del libro Tocar Fondo (Traficantes de Sueños, 2019). Según Gabarre en un artículo publicado en El Salto, Madrid Network se convirtió en una pantalla para todo tipo de transacciones y desvío de fondos a empresas vinculadas con Manuel Lamela, Ildefonso de Miguel y Javier López Madrid entre otras figuras del PP.
En 2014, cuenta Gabarre, la filial de Cerberus Haya Real Estate contrató a Alicia Hinojosa y “le concedió el poder suficiente para actuar en su nombre”. Poder para actuar sobre todos los inmuebles nacionalizados de Bankia, cuya gestión había entregado el Gobierno a Cerberus en septiembre de 2013. Y a partir de diciembre de 2014 también sobre buena parte del patrimonio inmobiliario de la Sareb, ya que este fondo de inversión fue uno de los tres elegidos por el banco malo para gestionar su cartera, junto con Servihabitat y Altamira. Según este investigador del Observatorio CODE de delitos económicos, Alicia Hinojosa fue la directora de la gestión y de la venta de los “activos singulares” de Sareb, de Cajamar y de Bankia durante cinco años. Según cuenta Gabarre, Hinojosa era la directora de un equipo compuesto por 20 vendedores “que tuvo a su recaudo más de 15.000 bienes inmobiliarios provenientes de los rescates públicos”.
José María Aznar Botella En septiembre de 2013, la nacionalizada Bankia anunció el traspaso de la gestión de su negocio inmobiliario Bankia Hábitat a Haya Real Estate, una filial de Cerberus, por un máximo de 90 millones de euros. La estrategia de este fondo de inversión estadounidense —situar en sus direcciones a altos cargos republicanos para aceitar las relaciones con la administración— fue calcada al milímetro en España. Además de Alicia Hinojosa, Cerberus fichó a Juan Hoyos Martínez de Irujo, íntimo amigo del expresidente José María Aznar, y a José María Aznar Botella, hijo del expresidente y de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
La estrategia debió funcionar porque en esos años no le faltaron contratos a Cerberus en España. En 2013, se quedó con la gestión en exclusiva de decenas de miles de pisos y préstamos de Bankia para los próximos diez años. Y en 2014, el fondo se hizo con la gestión del 40% de los pisos y las hipotecas de la Sareb, en total 52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originado por Bankia y adquiridos luego por la Sareb por 18.000 millones de euros, según se lee en la propia página del banco malo. Esta concesión duró hasta 2022, cuando Blackstone y KKR tomaron el relevo en la gestión de la cartera de la Sareb.
Gloria Calvo Abogada del Estado jefe del Ministerio de Economía en tiempos de Luis de Guindos, en 2015 Gloria Calvo fue fichada como directiva de Bankinter. Como no tenía estatus de alto cargo, ni siquiera tuvo que esperar dos años para pasar de decidir las políticas económicas a beneficiarse de ellas. Calvo era también miembro de la comisión rectora del FROB, el fondo del Estado para rescatar a la banca arruinada y propietaria hasta hace unos meses del 45% de la Sareb. En Bankinter, Calvo ocupa la Secretaría General y del Consejo de Administración del Banco.
Bankinter tenía hasta hace poco un cantidad relativamente pequeña de las acciones de la Sareb, apenas un 1,37%. Sin embargo, esta participación resultó clave en la negociación del Gobierno con el resto de accionistas cuando este quiso tomar el control del banco malo. Gracias a la venta de estas acciones, el FROB ha conseguido el 50,15% del capital de la Sareb ante la negativa de los otros bancos presentes en su accionariado, sobre todo Santander, CaixaBank y Sabadell de vender su participación.
Luis de Guindos Sí hay un maestro de las puertas giratorias y en ascender aunque todo salga mal y todos caigan a su alrededor es Luis de Guindos. Comenzó en la política con José María Aznar y llegó a ser secretario de Estado de Economía en su último Gobierno, de 2002 a 2004. Ese mismo año dio el salto a la gran empresa privada, nada menos que a Lehman Brothers como jefe de su división en España y Portugal. Después de que la ruina de esta empresa en 2007 provocara un efecto en cadena que generó la mayor crisis mundial desde el crack de 1929, pasó a ser responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoopers (PwC) entre 2008 y 2010. Esta auditora internacional ha sido denunciada por decenas de casos de conflictos de intereses, entre ellas su trabajo para favorecer la evasión fiscal de grandes multinacionales gracias a información confidencial o su papel en los peores momentos de Bankia.
Para la fusión de Bankia y otras cajas en ruina, fue PWC la encargada de auditar las cuentas. Según reconoció el propio Rodrigo Rato en el Congreso, “se contrató a PwC para que hiciera un cálculo más estresado y riguroso de las posibles pérdidas esperadas y no cubiertas hasta el momento”. El resultado, como se supo después, fue un agujero de 30.000 millones de pérdidas y una situación que el propio Guindos tendría que intentar dar solución, esta vez como ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, a partir de diciembre de 2011.
La solución a los problemas de Bankia y otras cajas arruinadas por sus negocios especulativos con la vivienda fue la creación de la Sareb, una operación que no “costaría ni un euro” a los españoles. El resto de la historia es conocida. La Sareb compró caro, vendió barato, el dinero desapareció, el banco malo se fue a pique y el Estado se quedó con 35.000 euros de deuda.
En mayo de este año, ya como vicepresidente del Banco Central Europeo, Guindos advertía al Gobierno español sobre los altos niveles de deuda y de déficit del Estado español, y que ante la crisis que se viene debería moderar el aumento de las pensiones e ir pensando en volver a los ajustes que marcaron su década como ministro de Economía.
Càritas alerta a l’informe Foessa 2021 que tots els membres actíus de 97.000 llars estan a l’atur
La inestabilitat i la precarietat laboral, i també els cada vegada més obstacles per accedir a un habitatge, van empènyer, el 2021, 885.000 persones, un 32% dels habitants de l’àrea de Barcelona, a l’exclusió social, 300.000 més que el 2018, segons les dades de Càritas fruit d’una enquesta a 1.800 ciutadans feta per la Fundació Foessa. Els resultats de l’àmbit de la diòcesi de Barcelona, que inclou la capital catalana i municipis com Cornellà, l’Hospitalet, Esplugues, Badalona o Sant Adrià de Besòs, a més de localitats del Maresme, són pitjors que els del conjunt de Catalunya, on un 29% de la població està en la mateixa situació d’exclusió social, i de la mitjana d’ Espanya, amb un 23,4%, segons l’informe Foessa.
El panorama que ha deixat la covid es va tornar a posar sobre la taula ahir a l’ Ateneu de Barcelona amb motiu de la jornada “ Pandèmia i exclusió social: La tempesta perfecta”, en què es va analitzar l’informe Foessa 2021. Raúl Flores, secretari tècnic de la Fundació Foessa, va precisar que s’ha calculat l’abast de l’exclusió a partir de 37 indicadors sobre ocupació, consum, educació, habitatge, salut, conflicte i aïllament social i política. Només un 29% dels enquestats gaudeixen de plena integració, 14 punts menys que el 2018, mentre que els que pateixen exclusió greu i moderada, 885.000 persones, són un 32%, en comparació amb el 22% de tres anys abans.
La forma més greu d’exclusió ha augmentat 30 punts, i ja la pateixen 483.000 ciutadans mentre que el 2018 eren 371.000 .
“A Catalunya hi ha hagut la tempesta perfecta; som en un territori que depèn de les rendes del treball, mentre que en d’altres prioritzen les pensions de jubilació, i de sectors molt afectats per la pandèmia, com el turisme, la restauració… La covid ha fet que es reduïssin les hores de feina, i Barcelona registra una gran concentració de migrants en situació administrativa irregular, que ho tenen tot molt més complicat. Viure a les grans metròpolis, a Madrid o a Barcelona, costa molt més”, argumenta Flores per explicar les diferències entre Catalunya, amb un 29% de la població en exclusió social, i, per exemple, Astúries o el País Basc, amb un 16%.
El cop de gràcia a aquest panorama devastador és “la pujada d’un 10% dels preus a causa de la guerra a Ucraïna; és la gota que fa vessar el got per a les famílies que atén Càritas”, afegeix Flores.
L’empitjorament de les condicions laborals
L’informe subratlla l’empitjorament de les condicions laborals: en 97.000 llars tots els membres actius estan desocupats; en 60.000, el cap o la cap de família pateixen atur de llarga durada, i en 77.000 sobreviuen sense cap ingrés periòdic.
La falta de feina i la precarietat alimenten l’exclusió residencial: 520.000 persones, gairebé un 19% de la població, viuen en un habitatge que no reuneix les mínimes condicions d’habitabilitat, i 300.700 (10,9%), en cases insegures, és a dir, amb risc de ser desnonades.
Càritas alerta del gran impacte que la pobresa i la covid estan deixant en la salut dels més vulnerables: un 17% dels ciutadans pateixen algun trastorn mental, davant del 8% del 2018. I el pitjor de tot és que 140.000 famílies no tenen recursos per comprar medicaments.
La Dià (llum, en àrab) va néixer fa dues setmanes a l’illa grega de Samos, on la seva mare va arribar en pastera l’any passat fugint de la guerra de Síria. Dorm en una hamaqueta, dins d’una barraca feta de fusta i plàstics, protegida per una mosquitera i uns mitjons que li tapen les mans. En els seus pocs dies de vida, la petita ja ha tastat l’infern de Samos: la primera nit que va passar al campament una rata li va mossegar el cap. Quan la seva mare, Mariam Ali, li aparta els cabells amb delicadesa per ensenyar-nos la ferida, la Dià arrenca a plorar. Només es calma quan l’agafa a collibè i li dona el pit. Xuma amb avidesa. La mare encara no s’ha refet de l’ensurt: “No em separo mai d’ella, però em vaig quedar adormida. La nena va cridar i vaig veure com la rata saltava i sortia per un forat de la tenda”. L’endemà al matí, un metge voluntari li va curar la ferida. “No demanem res, només un lloc segur per als nostres fills -diu aquesta mestressa de casa de 33 anys esforçant-se per contenir les llàgrimes-: Fa deu mesos que estem atrapats en aquesta illa i ja no puc més. Estic molt cansada”.
La vida del camp es desenvolupa al voltant de tasques com anar a buscar aigua als pocs punts de subministrament disponibles.
Els refugiats anomenen aquest lloc la Jungla. Una jungla plena de brossa. L’aigua per beure i rentar s’ha de portar en garrafes des d’uns dipòsits que ha muntat Metges Sense Fronteres. Algunes zones del campament tenen electricitat, només de nit, però d’altres no. En alguns llocs hi ha lavabos químics, en altres, latrines. Les aigües residuals corren muntanya avall formant rierols pudents, i hi ha rates vives i mortes per tot arreu. Moltes criatures tenen crostes al voltant de la boca: és impetigen, un bacteri que causa infeccions a la pell. Les rates no són l’únic perill: a l’Amina, una nena de tres anys i mig, la va picar un escorpí fa uns dies. En plena nit, el seu pare només li va poder fer un torniquet i xuclar-li el verí. “No volem ni diners ni ajudes… només volem que ens deixin marxar d’aquí”, diu l’home. Van arribar a Samos al gener, fugint dels bombardejos de l’aviació de Baixar al-Assad, de Rússia i de l’Iran. Tot i que els han concedit asil, no poden marxar de l’illa per les restriccions que les autoritats gregues han imposat al camp de refugiats per la pandèmia.
ARRELS EDITA LA GUÍA ‘VIVIR EN LA CALLE EN BARCELONA’ CON CONSEJOS PRÁCTICOS DE PERSONAS SIN HOGAR
En Arrels atendemos cada día a entre cinco y seis personas que viven en la calle, que no saben dónde pedir ayuda y a las que intentamos asesorar sobre los recursos que existen en la ciudad. Hemos creado una guía práctica que recoge más de 70 recursos a los que las personas pueden acceder directamente y con medio centenar de consejos aportados por personas que duermen o han dormido en la calle. También es una herramienta útil para la ciudadanía.
El año pasado, 1.360 personas vinieron a Arrels preguntando si se podían duchar, guardar sus bolsas en la consigna o si teníamos alojamiento para no tener que dormir en la calle y, desde inicios de este año, hemos asesorado a 450 personas más, lo que significa entre cinco y seis personas diariamente. Desde Arrels no podemos dar respuesta a todas estas necesidades pero sí intentamos orientar a la persona sobre los recursos que existen en la ciudad de Barcelona y que pueden ser útiles.
Para intentar mejorar este asesoramiento, hemos creado una guía que recoge más de 70 recursos públicos y privados que existen en Barcelona y a los que las personas sin hogar pueden acceder directamente, sin necesidad de tener un trabajador/a social. “Muchas de estas personas no tienen ningún trabajador/a social que conozca su situación. Esto significa, por ejemplo, no poder ir a un comedor social público porque se necesita que un trabajador/a social haga el trámite“, explica Marta Maynou, responsable del equipo de la calle y del centro abierto de Arrels.
El objetivo es contar con una herramienta útil para las personas que hace menos tiempo que viven en la calle en Barcelona o que aún conservan muchas habilidades y autonomía, ofrecer información que sitúe a la persona y que no genere falsas expectativas.
La publicación de esta guía también quiere ser de utilidad para la ciudadanía de Barcelona; el año pasado, de hecho, en Arrels recibimos 1.730 avisos de vecinos y vecinas de la ciudad preocupados por personas que dormían en la calle. “Queremos implicar a la ciudadanía y dar respuesta a una pregunta que habitualmente nos hace, que es qué pueden hacer cuando ven a una persona durmiendo en la calle en Barcelona“, afirma el director de Arrels, Ferran Busquets.
Consejos de personas que viven en la calle
Para construir la guía Vivir en la calle en Barcelona se ha contado también con la opinión y los consejos de cinco personas que han vivido en la calle hasta hace poco tiempo y que han querido aportar su experiencia con consejos prácticos como los siguientes:
El albergue suele estar lleno, con lista de espera de días o semanas. Si tienes teléfono y les deja el número, te llamarán.
En la calle, no te estires directamente en el suelo, busca un cartón o algún material aislante.
Busca un lugar seguro. Las salas de espera de los hospitales, las estaciones y el aeropuerto son una opción. Recuerda que se trata de espacios privados con una normativa y que dependerá de cada empresa que te dejen estar.
Si te aseas en una fuente o lavas a ropa, te pueden sancionar.
Prepárate para caminar porque los recursos están lejos unos de otros.
Un mapa que evidencia una realidad
La guía que hemos elaborado recoge más de 70 recursos a los que la persona puede dirigirse directamente, con información útil sobre dónde comer, dormir, ducharse o lavar la ropa. Otros intentan ir más allá y explicar qué hacer si se sufre una agresión, cómo defender los derechos, dónde prepararse para buscar empleo, etc.
También se acompaña de un mapa para que la persona pueda orientarse más fácilmente y, más allá de esta utilidad, muestra una realidad:
Hay pocos recursos para dormir y están dispersos. Una persona que entra en un albergue puede estar más tiempo mientras encuentra otro recurso que le aporte estabilidad pero, actualmente, los mecanismos de salida están saturados y es muy difícil que la persona pueda afrontar los precios del mercado inmobiliario.
Si vives en la calle y quieres acceder a un albergue, tienes que esperar hasta dos y tres meses y, en consecuencia, debes prepararte para vivir en la calle este tiempo.
Hay diferentes servicios de duchas pero son insuficientes porque la persona no puede ducharse las veces que necesite a la semana. Tampoco hay espacios para guardar tus pertenencias durante un tiempo estable cuando vives en la calle o te echan de una habitación.
No hay servicios de lavandería suficientes a los que las personas puedan acceder directamente. También hay otros servicios básicos no cubiertos: ¿qué pasa si la persona sufre una agresión? ¿Cómo puede tener un seguimiento médico si sólo puede ir a urgencias? ¿Qué alternativa tiene si no se siente cómoda en un albergue?
Planificar la vida cuando vives en la calle es difícil porque tienes que dedicar muchas horas a desplazarte de un lugar a otro para desayunar, ducharte, comer o dormir.
“El sistema actual no ayuda porque no te queda tiempo para avanzar. Todas las personas necesitan estos recursos básicos para sobrevivir pero, una vez cubiertos, se deberían poder plantear más cosas”, afirma Marta Maynou. En este sentido, desde Arrels pedimos a las administraciones buscar soluciones y destinar los recursos suficientes para conseguir que nadie tenga que vivir en la calle. “A largo plazo es necesario conseguir vivienda pero, mientras no se resuelva el problema de la falta de vivienda, también necesitamos soluciones temporales, como espacios de baja exigencia“, añade el director de Arrels.
Recursos para vivir, no para sobrevivir
Una persona acaba viviendo en la calle por motivos muy diversos y que tienen que ver con la propia persona pero también con la sociedad en la que vivimos. Para luchar contra el sinhogarismo no se necesitan sólo servicios básicos de alimentación, higiene o para descansar; la problemática es más compleja.
La persona solo puede empezar a recuperarse de la vida en la calle cuando tiene un lugar seguro donde vivir. Es necesario una atención social más personalizada: servicios de apoyo psicológico, estabilidad económica, reconstruir la red social, no tener que esperar semanas o meses para acceder a un techo, actuar de manera inmediata para evitar que la situación se convierta en crónica…
Apostar por estos recursos más transformadores es una inversión económica pero, a la larga, se obtienen más beneficios para la persona y para la sociedad. Esto, sin olvidar que hay que incidir aún más en políticas de prevención para que nadie pierda su casa.
gutta cavat lapidem 