A la espera de que las políticas demográficas funcionen, el pronóstico para la región es que la tendencia de envejecimiento se agrave
Unos vecinos pasean por una de las calles del centro de Zamora, una de las provincias más envejecidas de Europa
“No hay ningún tipo de industria, nuestros hijos no se pueden quedar aquí a trabajar. La gente mayor se muere y la juventud no se puede quedar porqué no hay pie de vida” vociferaba una vecina del pueblo zamorano de Otero de Bodas a una decena de micrófonos que se arremolinaban a su alrededor. Era junio de 2022 y los periodistas acudían atraídos por las llamas del incendio de Sierra Culebra, que a esas alturas ya habían devorado algunas casas del pueblo.
Los vecinos aprovecharon el foco mediático para gritar a los cuatro vientos la falta de oportunidades para la juventud. Otero de Bodas tiene 150 habitantes y ninguno es menor de 20 años. Lo que ocurre en este pueblo es extrapolable al resto de la provincia: Zamora es el territorio con menos jóvenes de Europa. Le sigue Lugo, el Alto Támega —en Portugal— y Ourense. En conjunto estas cuatro provincias colindantes conforman un agujero juvenil de más de 30.000 kilómetros cuadrados, el más grande de toda Europa: tan sólo entre el 13 y el 13,5% de la población tiene menos de 20 años, según Eurostat.
Sin jóvenes y muchos ancianos, estos territorios comparten una realidad parecida: entorno rural, un PIB per cápita que se encuentra en la mitad baja de sus respectivos países y una crisis de población. “Somos la España vaciada, quemada y olvidada de todo” esgrimía la misma vecina.
La España vaciada a favor de Madrid que funciona como aspiradora de talento juvenil. “La situación ha llegado hasta el punto que ya hay más zamoranos viviendo en Madrid que en la ciudad de Zamora”, argumenta Paco Requejo, presidente de la Diputación de Zamora.
Hay más zamoranos viviendo en Madrid que en la ciudad de Zamora
Tanto en Madrid como en Barcelona, París, Berlín o Viena, que cuentan con un tejido empresarial que ofrece puestos de trabajo, la proporción de menores de 20 años oscila entre el 17 y el 21%. Todas ellas se sitúan alrededor de la media de la UE que es del 20%.
Frente a la despoblación y el envejecimiento cada provincia inventa su propia receta para retener a los jóvenes y atraer de vuelta a los que se marcharon. Desde la Diputación de Zamora han apostado por convertir su mayor debilidad, el envejecimiento de la población, en uno de sus mayores activos para crear puestos de trabajo.
“Nuestra estrategia se llama Silver Economy y pretende crear nuevos puestos de trabajo promocionando las nuevas tecnologías para un mejor cuidado de nuestros mayores: atraer empresas de I+D+I para crear puestos de trabajo calificados y retener el talento joven” detalla Requejo.
A este plan se suman otras políticas como incrementar las partidas de ayuda a la natalidad, la emprendeduría o promocionar la casa de Zamora en Madrid para vender los productos de la región. Aún es temprano para evaluar el efecto de este tipo de políticas demográficas, que no empiezan a tener un retorno hasta medio y largo plazo.
Los pronósticos para estas regiones auguran que el agujero todavía se hará más amplio Desde la diputación de Ourense, que se encuentra en una situación similar, también han apostado por facilitar ayudas a la natalidad, promover la digitalización de la provincia y facilitar el autoempleo. En Lugo insisten que a pesar de mantener una red de colaboración con los ayuntamientos para garantizar el acceso a los servicios esenciales, una gran parte de la responsabilidad recae en los presupuestos de la comunidad.
“Si la administración autonómica no garantiza la presencia de médicos, escuelas y cobertura a internet, las personas más jóvenes abandonan estas zonas”, detallan.
Además, si las políticas contra la despoblación no revierten la dinámica, estas provincias también seguirán vaciándose. Los mismos datos de Eurostat que vaticinan que la población se desplomará más de un 25% para esa fecha.
Desde los pueblos señalan las instituciones. En Otero de Bodas, los vecinos alarmados por las llamas gritaban a los políticos: “me da igual el color y la bandera, son todos iguales. Que se unan todos para cuidar esto.”. La respuesta la tendrán que dictaminarán las urnas en los comicios municipales y autonómicos. Próxima cita: mayo de 2023.
Las recetas
La lucha contra el envejecimiento
Zamora enfrenta el reto más arduo para los próximos años: evitar que los jóvenes se vayan y atraer de vuelta a los viven fuera. La diputación tiene la mayoría de sus esperanzas depositadas en el plan ‘Silver Economy’ para ser pioneros en la implementación de tecnología para el cuidado de los mayores.
La idea es atraer empresas que puedan facilitar soluciones tecnológicas para mejorar la vida de los mayores tanto a nivel cultural, de turismo, deportivo y de asistencia en casa. Y que a su vez estos nuevos negocios que van a responder una necesidad del territorio, creen puestos de trabajo de calidad para los jóvenes que quieran quedarse o volver a formar una familia en su provincia.
La portavoz de Adelante Andalucía alude a pasajes bíblicos para reprochar a la formación de ultraderecha una moción sobre vivienda que excluye a extranjeros
Teresa Rodríguez habla desde la tribuna del Parlamento andaluz. Joaquín Corchero (EP)
La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha esgrimido versículos de la Biblia en el Parlamento andaluz para reprocharle a Vox sus políticas xenófobas al hilo de una moción que la formación de ultraderecha ha presentado sobre política general en materia de vivienda en la que pone el requisito de “prioridad nacional” para los aspirantes. Rodríguez, además de incidir en que medidas de este tipo coinciden con las que defienden partidos como Fuerza Nueva, le ha reprochado a Vox que hay que verlo poniéndose en el papel de los miles de andaluces que han emigrado al extranjero y que pueden verse muy perjudicados si, en sus países de adopción, una formación de ultraderecha plantea iniciativas similares.
Al hilo de que el parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha señalado que “la caridad empieza por uno mismo”, Teresa Rodríguez ha aprovechado para hablar de cristianismo, “una cultura que yo he compartido y una formación que he compartido seguramente con muchos de ustedes”. En este sentido, le ha recordado a la formación de ultraderecha que su candidata en las pasadas elecciones autonómicas, Macarena Olona, “estuvo toda la campaña diciendo que había que regar Andalucía de cruces y recuperar la cultura cristiana como base de nuestra civilización”, además de señalar que “trajeron a la señora Meloni [primera ministra italiana], que habló de la universalidad de la cruz”.
“No les voy a citar aquí ni el Manifiesto Comunista ni la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni siquiera la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía, les voy a citar la Biblia, y miren ustedes, señores de Vox, la Biblia maldice a los xenófobos”. A continuación, ha citado versículos como “maldito el que viole el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda” (Deuteronomio 17:19) o “al forastero que reside junto a nosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo” (Levítico 19:34). También ha recordado que “conoceréis la suerte del emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto” (Éxodo 23:9).
También ha recordado palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento, como “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis”, o cuando resalta que al ayudar a personas, entre ellas migrantes, “lo hicisteis también a mí mismo, eso dice Jesucristo”. También ha mencionado Hebreos 13:1 (“no se olviden de practicar la hospitalidad porque gracias a ello algunos sin saberlo hospedaron a ángeles”), “así que señores de Vox, no les pido que sean humanitarios, les pido que sean ustedes cristianos”, afirmación que ha remachado con un “feliz Navidad”.
El Col·lectiu Ronda y el Sindicat de Llogateres sientan por primera vez a un fondo buitre en el banquillo por la inclusión de una serie de “cláusulas abusivas” en el contrato de una vecina de Granollers cuyo alquiler subió de 385 a 897 euros.
Silvia Torres lleva casi seis años viviendo en un piso en Granollers (Barcelona) que al principio le costaba 385 euros mensuales. El propietario era Banco Sabadell, pero cuando faltaba poco para acabar el contrato, el banco lo vendió al fondo buitre Azora. Si quería renovar y quedarse en su casa, la empresa notificó a Silvia que su alquiler subiría a 690 euros en los siguientes tres años, y a 897 euros los cuatro que quedarían hasta su finalización. “Yo era consciente de que habría una subida, pero triplicar el alquiler es otra cosa. Este piso no lo vale”, explica Silvia por teléfono a Público.
Todo el proceso de renovación estuvo marcado por la “poca transparencia” del fondo. Silvia no pudo ver el contrato hasta el día de la firma, y tampoco podía sacarlo de la oficina si no era firmado. Ya sellado, lo llevó a un abogado, que constató que había una serie de “cláusulas abusivas” y estaba “totalmente desequilibrado” en cuanto a las obligaciones de arrendador y arrendatario.
Por eso Silvia, junto con el Col·lectiu Ronda y el Sindicat de Llogateres, ha sentado a Azora en el banquillo de los acusados en un juicio pionero que se llevó a cabo en noviembre y que ha quedado visto por sentencia. “Coger las maletas y marcharse sería lo más fácil, y es lo que tuvieron que hacer otros vecinos. Pero pensé que esto era una injusticia y que había que denunciarlo”, explica la demandante.
Hace más de dos años que interpusieron la demanda, pero el proceso se ha alargado más de lo habitual debido a la pandemia. El juicio ha llegado en un momento en el que los precios de los alquileres están en máximos históricos mientras el Gobierno debate si regularlos o no.
La abogada Montse Serrano (izquierda) junto a la denunciante, Silvia Torres. FOTO CEDIDA POR EL SINDICAT DE LLOGATERES
Este juicio podría marcar un precedente ante unos abusos inmobiliarios que no afectan sólo a Silvia, sino también a miles de arrendatarios de Azora y otros fondos buitre, propietarios de buena parte de los pisos de alquiler a raíz de su entrada en el mercado de la vivienda posterior a la crisis de 2008. “Son muchos los contratos de arrendamiento en manos de estos fondos, y si no se paran estas prácticas, se pueden ir generalizando”, advierte en una llamada con Público Montse Serrano, abogada del Col·lectiu Ronda. De este juicio esperan que salga una sentencia que pueda disuadirles a la hora de incluir este tipo de cláusulas.
Hasta diez cláusulas “abusivas” y “fraudulentas” No se trata sólo de la subida del alquiler. Los colectivos han denunciado hasta diez cláusulas “abusivas y fraudulentas” incluidas en el contrato de Silvia que denuncian que atentan contra los derechos de los inquilinos. Una de ellas es, por ejemplo, que el inquilino deba asumir el seguro de impago.
También que se declare que el contrato ha sido negociado libremente entre ambas partes, cuando Silvia no pudo siquiera acceder al texto antes de su firma. La posibilidad de que se queden la fianza, el cobro de una penalización muy alta por la demora en el retorno de las llaves o la autorización para incluir al inquilino en el registro de morosos son otras de las cuestiones.
“Se trata de cláusulas que pueden ser nulas, y sucede en mayor medida en fondos buitre porque no hay capacidad de negociación“, sostiene Serrano. “No tuve opción de negociar nada ni hablar con ningún interlocutor”, confirma Silvia.
Se trata de unas prácticas que normalmente no se denuncian por los costes que supone, a distintos niveles, y el sector inmobiliario lo sabe: “Si son abusos que no tienen gran relevancia económica, piensan que habrá arrendatarios que no lo tirarán por la vía judicial”. Esto hace que se sigan aplicando: “Animamos a que se denuncien estas prácticas porque es la manera de erradicarlas”, afirma Serrano.
Ronda está preparando ya otras demandas similares. No saben cuándo saldrá la sentencia, pero están satisfechas con el desarrollo del juicio: “Las sensaciones son buenas, porque estoy convencida de que tenemos razón”, dice la abogada.
Si se gana el juicio, se anularán las cláusulas abusivas de Silvia y no se podrá efectuar la subida de enero, debiendo también devolverle la cuota del seguro de impago. Pero lo importante es la posibilidad de que genere un precedente de cara a la firma de nuevos contratos. “Estas empresas juegan con el desconocimiento de miles de personas sin recursos, pero yo no quiero pasar por el aro. No pido un regalo, reclamo un precio coherente y según el precio por metro cuadrado”, concluye la inquilina.
El problema de l’habitatge s’agreuja mentre milers de pisos segueixen buits malgrat les noves lleis
Què diu la llei sobre els grans tenidors?
Des del 2015 a Catalunya els propietaris han de registrar els pisos que estan buits, i en cas que portin més de dos anys en aquest estat, la llei preveu sancionar-los.
La llei preveu multes o fins i tot expropiacions als grans tenidors que mantenen pisos buits molt de temps, però a la pràctica, si mirem les xifres, a Barcelona només s’han posat 52 sancions, per valor d’1,1 milions d’euros, i s’han expropiat 6 pisos.
L’Ajuntament de la capital catalana ha obert 290 expedients que durant el procés s’han acabat arxivant perquè els pisos s’han acabat llogant o venent.
La llei d’emergència habitacional aprovada al Parlament aquest 2022 va rebaixar la definició de gran tenidor jurídic a partir de 10 habitatges. Així es pretén posar dificultats a la pràctica d’alguns fons d’inversió, que trossegen i fan miniempreses dins les mateixes empreses perquè no se’ls consideri grans tenidors. Els particulars continuaran sent grans tenidors a partir de 15 habitatges.
El negoci dels fons d’inversió Segons Manuel Gabarre de Sus, l’advocat que investiga delictes econòmics a l’observatori CODE (col·lectiu format per activistes de la societat civil per visibilitzar què hi ha darrere els fons d’inversió), aquests fons han vist una gran oportunitat de negoci a Espanya perquè les polítiques d’accés a l’habitatge i les condicions que tenen llogaters i arrendataris els han afavorit, i molt.
L’advocat denuncia que el Ministeri d’Economia “ha assignat la privatització de la Sareb al mateix Blackstone”. Gabarre de Sus compara el cas amb Dinamarca. Recorda que allà el ministre d’Habitatge va dir que “és una inversió infame i que és perjudicial per a la ciutat, i que faran el que puguin perquè no inverteixin en el país”:
“El govern danès va decidir analitzar el model de negoci de Blackstone i curtcircuitar-lo. Com es pot curtcircuitar aquest model? Impedint que els propietaris que feien reformes poguessin apujar el preu del lloguer en un període de cinc anys.”
“A Espanya la situació és la contrària: se’ls dona la gestió del patrimoni públic més gran d’habitatge”, denuncia Gabarre de Sus.
Arran de la crisi del 2008 es va limitar l’accés a les hipoteques i l’opció del lloguer era la majoritària. En aquest context, el govern del PP va abaixar de cinc a tres anys la durada dels contractes de lloguer. Per a l’observatori CODE era com si el govern animés a una pujada dels preus dels lloguers.
“Si el 2015 un llogater et pagava 500 euros, el 2018 te’n pagava 750. Era molt atractiu per a aquests fons oportunistes comprar molt barat i pensar: ‘aquí apujaran els lloguers perquè a la gent no li queda cap més sortida.'”
Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, creu que els fons d’inversió han sabut deixar pisos buits per crear una “falsa sensació d’escassetat i de falta d’oferta”. Per Arcarazo, però, el que hi ha són “unes males praxis que l’administració hauria de perseguir”.
Per Gabarre, a aquests pisos no se’ls ha donat “la funció social que té l’habitatge“: “per al sector financer sempre s’ha tractat com una mercaderia, com una mercaderia financera”.
Ser l’única veïna en un pis d’un fons voltor
Al Raval, a Barcelona, hi ha molts pisos buits d’aquests fons d’inversió oportunistes, que des dels moviments per a la defensa de l’habitatge se’ls assenyala com a fons voltors. Un d’ells és el del carrer del Carme 23, on tots els pisos de la finca, tret de tres, estan buits i amb portes blindades.
Eleonora Delli Carri és una de les poques veïnes de l’edifici i explica la seva experiència en aquest vídeo:
Uns metres més enllà, al mateix carrer del Carme i propietat del mateix fons, hi ha una altra finca, al número 106, que ja fa anys que també té molts pisos buits.
La Laura, del Sindicat d’Habitatge del Raval, viu al carrer del Carme 106: “Aquest bloc ara és d’Optimun, que forma part de l’entramat del fons voltor de Cerberus; és una de les immobiliàries que té Cerberus”.
Els veïns expliquen que tenen dos blocs sencers de pisos buits amb seguretat privada vigilant-los i amb portes antiocupes als accessos.
Una trobada de fons d’inversió
Des del Sindicat de Llogateres critiquen les administracions, que han deixat que en sòl públic s’hagi celebrat el congrés internacional The District, a la Fira de Barcelona, els dies 19, 20 i 21 d’octubre.
Segons la portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, els principals fons d’inversió de tot el món han vingut a Barcelona a dissenyar estratègies per buidar els pisos.
“L’administració, en comptes de perseguir aquestes males praxis, el que veiem que fan és deixar-los instal·lacions perquè facin congressos per dissenyar les estratègies de com seguir expulsant els veïns de Barcelona.”
La periodista de izquierdas ha sido calificada de reaccionaria por un discurso que dio el pasado sábado en La Moncloa
El 22 de agosto de 2019, en la revista Vice, en la que trabajaba antes de irse a la calle tras sufrir el tercer ERE de su vida profesional, Ana Iris Simón Cuesta (Campo de Criptana, Ciudad Real, 29 años) escribió un artículo titulado “Crecí en una familia de feriantes en la España de los ochenta” que fue extraordinariamente leído. Lo leyeron también las periodistas Jimena Marcos y María Jesús Espinosa de los Monteros, que escribieron, deslumbradas, a la editora Eva Serrano, de Círculo de Tiza.
“Deberías leer a esta chica”, fue el mensaje que recibió Serrano junto al enlace. Serrano telefoneó a Ana Iris Simón y quedó con ella. “Me pareció una niña duende, muy morena, muy femenina, que hablaba de cosas que parecían mágicas”, dice la editora al teléfono. Acordaron una suerte de continuación de aquel artículo viral en Vice, y Serrano comenzó a recibir, a ritmo lento, textos de la escritora sobre la feria y la vida en la feria. Hasta que cesó abruptamente y estuvo varios meses sin enviar nada.
La razón era que se había muerto su tío Hilario y después, de pena, su abuela Mari Cruz, y aquello fue el detonante para que las dos, editora y autora, retomasen el libro volcándolo directamente en su familia a partir de una lección del fallecido Hilario: seguimos vivos y cerca en las historias que nos contamos. Aquello se llamó Feria y no es la biografía de los Simones y los Bisuteros, como son conocidas las dos ramas familiares de la autora, sino que estos, y La Mancha, se utilizan para vertebrar un ensayo recibido primero con euforia, como los éxitos discretos, y después con violenta división de opiniones, como los éxitos masivos. Esta semana, en la plataforma Amazon, Ana Iris Simón ha sido la autora más vendida de España, por encima de la superventas María Dueñas, que acaba de publicar Sira, la continuación de El tiempo entre costuras.
¿Por qué? El 20 de mayo Ana Iris Simón recibió una llamada de La Moncloa. ¿Le apetecería participar en un acto con el presidente del Gobierno sobre retos demográficos y la iniciativa España 2050? Dijo que sí. “¿Pero a ti por qué te llaman?”, le preguntó su madre, la Ana Mari. Ana Iris Simón se puso a escribir un discurso que es, básicamente, un resumen del primer capítulo de Feria (Círculo de Tiza, 2020), el libro que la ha puesto en boca de todo el mundo, y cuando terminó recordó que no tenía impresora.
En casa de un amigo, aprovechó para preguntar qué le parecía lo que había escrito. “¿Me paso?”. No, le respondió. El sábado 22 se presentó en el acto embarazada de ocho meses largos y dijo: “Está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifi al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos”. También: “Se me ponen los pelos de punta cada vez que se habla de necesitar inmigrantes que nos paguen las pensiones, como si fueran divisas. Emigrar fue un trauma para mi abuelo en los setenta y para mis amigos en 2008, y mientras les pedimos a los inmigrantes que paguen nuestras pensiones, no les estamos permitiendo pagar las de sus padres ni las de sus abuelos en sus países de origen, y eso me suena a robarle la mano de obra a los que hace siglos les robamos el oro”.
“¿Autoficción neofascista o reivindicación de lo comunitario?”, tituló un artículo eldiario.es. “¿Falangista o de izquierdas sin tonterías?”, planteó El Español. Ana Iris Simón genera, sobre todo, preguntas. En su libro, de 220 páginas, sus detractores señalan varios pasajes en los que supuestamente la autora enseñaría la patita, como uno en el que, de adolescente, una amiga suya punk escucha a Estirpe Imperial, grupo neonazi, y a Simón le gusta una canción, Primavera, porque le parece “muy bonito eso de que un ángel fuera cabalgando con brío y valor, y de que le cantaran a una patria que echaban de menos desde la lejana y gélida Rusia”; otro cuando le escribe a su futuro hijo que casi nadie entendió El Quijote salvo Ramiro Ledesma Ramos, “el joven Ramiro, que por gracia de Ortega se enamoró de su fulgor y su brío y quiso requijotar España. Pero esto no te lo diré, lo de Ledesma Ramos, no porque seas pequeño ni porque vaya a ser que te líes, porque serás un chico listo, sino porque te dejaré descubrirlo”.
Más allá de eso, el verdadero debate de Feria es el espíritu que impregna todo el libro y el que puso su autora sobre la mesa en La Moncloa. ¿Vivimos peor que nuestros padres? Ana Iris Simón cree que sí. Voces a derecha e izquierda creen unas que no y otras que sí. “Lo que ha pasado con Feria”, dice a EL PAÍS, “es lo mismo que ha pasado con Díaz Ayuso, que está en mis antípodas ideológicas: que decimos lo que se oye en el bar”. Simón se considera de izquierdas (“mi posición es la de Podemos de 2015: el pueblo contra la casta”) pero cree que el eje izquierda/derecha lleva a la inmovilidad “y a un bipartidismo de bloques con el que el 15-M quería romper”.
Cuando salió de La Moncloa hacia Aranjuez, donde vive, su nombre ya estaba en todos los titulares. “Esperamos que no te hayas arrepentido de haber venido por la que se ha liado”, le dijeron dos representantes del Gobierno. Dijo que no. ¿Y de algunos pasajes de Feria se arrepiente?, le pregunta este periódico. “No”, responde. “Mucha gente que ha leído Feria y ahora lee algunas interpretaciones debe de sentirse gilipollas. ¿Leí un libro falangista, neofascista?”. Su padre, comunista como su abuelo y su bisabuelo, le escribió un wasap en 2019 acerca de la conveniencia de la palabra “patria”: había dado con una carta del bisabuelo represaliado escribiéndole a su hijo sentir estar exiliado de su patria. “El relato lo hacemos nosotros o lo hacen otros. Imaginario, yo no sé, llámame escéptico. Y también eso lo dudo. El imaginario lo creáis los que sabéis escribir. A los demás se nos olvida”.
Decenas de políticos y empresarios pasaron de decidir el destino de cientos de miles de viviendas e hipotecas “tóxicas” de las cajas quebradas a ocupar altos cargos de los principales beneficiarios de aquellas medidas. Aquí una pequeña muestra.
Toda la historia de las cajas quebradas por la crisis de 2008 y de la Sareb —el banco malo creado para comprar ese patrimonio inmobiliario entonces considerado “tóxico”— es la historia de una gran puerta giratoria, una puerta por la que pasaron decenas de miles de millones de euros de dinero público que terminaron en manos privadas, de un rescate encubierto de la banca que terminó favoreciendo a los grandes fondos de inversión y promocionando a una generación de políticos y empresarios que vieron en la tormenta inmobiliaria de principios de la década de los 10 oportunidades de negocio, ascenso y promoción.
Por esa puerta giratoria pasaron 35.000 millones de euros, los que el Estado pidió prestado a la Unión Europea para comprar más de 200.000 viviendas e hipotecas consideradas “tóxicas” de las bancas quebradas. Unos 35.000 millones que fueron avalados por el propio Estado y no por los principales bancos españoles, que fueron quienes se quedaron con el visto bueno del Gobierno del PP con la mayoría accionarial del banco malo. Cuando era imposible disimular la quiebra técnica de la Sareb, la agencia de estadística de la Comisión Europea le recordó a España de quién era el aval y que esos 35.000 millones eran deuda pública.
Los dos presidentes que tuvo hasta ahora el banco malo abandonaron su puesto para pasar a trabajar en entidades que se beneficiaron directamente de su gestión en la Sareb: Jaime Echegoyen, en Haya Real Estate; y Belén Romana, en el Banco Santander La gestión de los dos presidentes de la Sareb, Belén Romana (2012-2014) y Jaime Echegoyen (2015-2021), dejaron miles de millones de euros de pérdidas y una empresa quebrada que tuvo que ser rescatada y nacionalizada en enero de este año. A pesar de los malos resultados, Romana fue contratada por el Banco Santander y Echegoyen por Cerberus-Haya Real Estate, ambas entidades favorecidas por la gestión de estos dos altos ejecutivos.
El reciente fichaje de Echegoyen muestra cómo el fenómeno de las puertas giratorias ha nutrido de beneficios a las inmobiliarias, a los grandes bancos y especialmente a los grandes fondos de inversión, que consiguieron gracias a sus contactos con la alta política convertirse en los principales actores del mercado inmobiliario español.
El fenómeno de las puertas giratorias no se limita a la Sareb, sino también al patrimonio inmobiliario de otras cajas quebradas o en problemas que fueron entregadas antes de la creación de la Sareb a bancos y fondos de inversión. La historia de la Sareb y la banca quebrada es la historia de una gran estafa. Recorrer la trayectoria profesional de algunas de las personas que tomaban entonces las decisiones ayuda a entender cómo la gran idea de la Sareb se convirtió en un desfalco para la administración pública y una fuente de negocios inagotable para el gran capital inmobiliario.
Puertas giratorias en la Sareb y las cajas quebradas
Una pequeña muestra de una generación de empresarios y políticos que pasó de decidir qué hacer con cientos de miles de viviendas a ocupar altos cargos de empresas beneficiadas de esas políticas
Jaime Echegoyen Es el caso más reciente y uno de los más claros de puertas giratorias que afectan a la Sareb. Echegoyen llegó de Barclays y Bankinter a la Sareb a principios de 2014, donde fue nombrado consejero delegado. Un año después, el 26 de enero de 2015, fue elegido presidente de la entidad, cargo que ocupó hasta el 7 de mayo de 2021, cuando presentó su dimisión. A pesar de que alegó “cuestiones personales”, la fecha de su alejamiento coincide con el anuncio del Gobierno de que tomaría el control de la entidad, hasta entonces con mayoría privada.
Un año después, el 16 de julio de 2022, se daba a conocer que fichaba por Haya Real Estate, la filial española de Cerberus que elevó a arte la práctica de la puerta giratoria y la influencia política para conseguir negocios en la pasada década.
De la mano de José María Aznar Botella o Juan Hoyos Martínez de Irujo —hijo y amigo íntimo del ex presidente respectivamente— el gigante fondo de inversión estadounidense se hizo con contratos millonarios: en 2013 comenzó a gestionar toda la cartera inmobiliaria de Bankia y un año después se quedó con la gestión del 40% de todo el patrimonio inmobiliario de la Sareb. En el momento en que el banco malo entregaba la gestión de 52.000 hipotecas por valor de 18.000 millones a Cerberus, Echegoyen ya era consejero delegado de la Sareb y un mes después se convertía en su presidente.
El 16 de julio de 2022, el que fuera presidente de la Sareb durante siete años, Jaime Echegoyen, fichaba por Haya Real Estate, la filial española de Cerberus que elevó a arte la práctica de la puerta giratoria y la influencia política para conseguir negocios en la pasada década Durante la presidencia de Echegoyen, Haya Real Estate se benefició además de varios contratos vinculados con el banco malo. En octubre de 2019, Sareb eligió a Cerberus para gestionar una cartera de unos 8.400 millones de euros durante 30 meses, hasta mediados de 2022. “El nuevo modelo de gestión pactado con Haya Real Estate va a ser más flexible, más eficiente, más alineado con nuestro plan de negocio y con la estrategia de transformación de nuestra cartera, y nos prepara mejor para los retos que tengamos que abordar en el futuro”, explicó entonces Echegoyen.
Y en enero de 2020, la Sareb otorgó un contrato a Haya para la gestión de parte de su cartera de activos en alquiler en un contrato de dos años para la comercialización de 3.300 inmuebles, de los que 1.800 eran viviendas.
Belén Romana Si se habla de puertas giratorias en las salidas y las entradas de la Sareb, toca hablar también de Belén Romana. Fue la primera presidenta de la Sareb, un puesto que dejó en enero de 2015 para ser reemplazada por Echegoyen. Los dos presidentes que tuvo hasta ahora el banco malo abandonaron su puesto para pasar a trabajar en entidades que se beneficiaron directamente de su gestión en la Sareb: Echegoyen, en Haya Real Estate; y Romana, en el Banco Santander, once meses después de dejar su puesto en la entidad semipública. En esos momentos, Santander era el primer accionista privado de la entidad semipública, con un 22,2%, una posición que mantiene en la actualidad pese a la nacionalización.
Belén Romana fue designada presidenta de la Sareb en 2012, año en el que nació la entidad. Romana era un cargo cercano a Luis de Guindos, padre del banco malo y entonces ministro de Economía. Había sido también secretaria de Estado con Rodrigo Rato. Su nombramiento como presidenta de la Sareb fue criticado por carecer de experiencia en el mercado inmobiliario.
En 2014, la entonces presidenta de la Sareb, Belén Romana, adjudicó la gestión de 44.000 activos de la Sareb a Altamira, inmobiliaria con el 15% de acciones en manos del Santander. Un año después fue fichada por el banco de Ana Botín En 2014 adjudicó la gestión de todo el patrimonio de la Sareb a Haya Real Estate —fondo que contaba con numerosas conexiones con el PP—, Servihabitat y Altamira Asset Management, la inmobiliaria tradicional del Banco Santander. Según un comunicado del banco malo, la cartera adjudicada a Altamira consistió en 44.000 inmuebles y préstamos al promotor originados por Catalunya Caixa, BMN y Caja3 que costaron a la Sareb 14.000 millones de euros. Un año antes, en 2013, el banco de Ana Botín había vendido el 85% de Altamira, unas acciones que terminaron en manos del fondo doValue, dependiente en última instancia del fondo de inversión Fortress. El Santander mantuvo en su poder el 15% de las acciones restantes de la inmobiliaria.
El conflicto de intereses entre Romana y el Banco Santander también viene por los activos tóxicos del Banco Popular, una entidad que pactó con las autoridades un plan que eludía la intervención gubernamental gracias al compromiso de ampliar capital y la creación de su propio banco malo. Este proyecto se concretó en la venta del 51% de su inmobiliaria, que tras un juego de trilería financiera terminó en 2017 en manos de Aliseda-Blackstone. Tras la compra del Banco Popular por parte del Santander, el banco de Ana Botín y Belén Romana posee el 49% de esta inmobiliaria cuyo patrimonio no pasó a formar parte de la Sareb por una decisión política.
Eduard Mendiluce Es el hombre de Blackstone en España como consejero delegado de Anticipa y Aliseda, dos de sus filiales. La primera de ellas, junto con el fondo de inversión KKR-Hipoges, se ha quedado con la gestión de la cartera inmobiliaria de la Sareb a partir de este 1 de julio.
Aunque Mendiluce no es técnicamente un político ni ha ocupado puestos en la administración, ha sabido navegar y caer siempre de pie. Entre sus milagros destaca el haber sobrevivido —y salir reforzado— al naufragio de Caixa Catalunya, la que llegó a ser la quinta caja más grande de España y la segunda de Catalunya.
En julio de 2008, este empresario fue fichado por Caixa Catalunya, como responsable de su gigantesca pata inmobiliaria. Eran tiempos del socialista José Montilla en el Gobierno de la Generalitat y de Narcís Serra, vicepresidente con Felipe González, en la dirección de esta caja semipública.
Mendiluce fue el encargado de reordenar el patrimonio inmobiliario de Caixa Catalunya después del estallido de la burbuja inmobiliaria y organizar su privatización —en ese momentos la caja ya estaba intervenida y nacionalizada a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la responsable de la Sareb—.
En 2014 Mendiluce culminó el traspaso de 41.000 hipotecas consideradas “tóxicas” —activos valorados en 9.000 millones de euros— a Anticipa-Blackstone por solo 40 millones de euros. Con el lema “CX Inmobiliaria ahora es Anticipa”, la gestión de todos los inmuebles de la inmobiliaria de Caixa Catalunya pasaron a Blackstone. Y Mendiluce pasó a ser el consejero delegado de Anticipa.
Tanto Serra como el que fuera director general de la caja en esos años, Adolf Todó, fueron imputados en varios juicios por administración desleal, enriquecimiento injustificado y subidas de sueldo escandalosas para medio centenar de altos directivos en medio de la crisis de la caja. En 2017, la Audiencia Nacional imputó a Serra y a Todó por provocar un agujero de más de 720 millones de euros en el balance de la entidad por operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2013. Y en 2019, la Fiscalía pidió para los dos directivos cuatro años de cárcel por el caso de los sueldos desorbitados, aunque luego fueron absueltos. A pesar de que Mendiluce era el responsable de todo el negocio inmobiliario de la caja en los peores años de la crisis y fue uno de los que se benefició de esas altas retribuciones —273.000 euros anuales en su caso—, consiguió salir indemne y fortalecido de la ruina de una de las cajas más grandes del Estado español.
En julio de 2022, como consejero delegado de Anticipa y Aliseda, Mendiluce se hizo con la gestión de la cartera de la Sareb, negocio que compartirá con el fondo de inversión KKR-Hipoges.
Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias PP. La exvicepresidenta con Rajoy dejó la político y pasó a trabajar para el bufete de abogados Cuatrecasas, que recibió millonarios contratos durante la creación de la Sareb.
Soraya Sáenz de Santamaría La línea que une a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con el banco malo es el bufete de abogados Cuatrecasas, el segundo más grande de España. Meses después de dejar el Gobierno y la política, en marzo de 2019 fue contratada por este famoso despacho como socia en el área mercantil.
¿Y qué tiene que ver Cuatrecasas con la Sareb? En 2012, este despacho consiguió un gran contrato para asesorar al FROB en el nacimiento de la Sareb. No hay datos sobre cuánto dinero supuso este primer contrato de 2012 para Cuatrocasas, pero la prensa económica daba por hecho que le había permitido “salvar el año” con una facturación de 1,2% mayor que la de 2011 gracias a su área mercantil y concretamente a su asesoría para crear el banco malo.
En años posteriores, el bufete asesoró a la Sareb en una ampliación de capital y emisiones de bonos por valor de 28.000 millones de euros y en la valoración, junto con otras seis firmas, de 200.000 activos inmobiliarios que fueron transferidos desde las cajas nacionalizadas. El mismo bufete que ayudó a marcar los precios y asesoró a la Sareb, poco después pasó a trabajar con fondos y bancos que compraron activos de la Sareb, como Cerberus, Merrill Lynch o Canyon Capital Finance. El 4 de agosto de 2021, Servihabitat ganaba un contrato del suelo de Sareb para el desarrollo de solares para 60.000 pisos. Según se puede leer en su propia web, Cuatrecasas asesoró a este servicer inmobiliario en todo el proceso de licitación, negociación y adjudicación del contrato.
Un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado —ambas dependientes de Sáenz de Santamaría entonces— dejó una petición de 20 años de cárcel para el dueño del bufete Cuatrecasas en una condena de dos años, el límite para no entrar en la cárcel. Ahora la exvicepresidenta trabaja en ese bufete La prensa de la época achacó el primer gran contrato con la Sareb a un trabajo previo que el despacho había realizado para el Gobierno de Rajoy por el valor de 1 euro: nada menos que el desarrollo de un Fondo de Pago a Proveedores, con un fondo de 35.000 millones, pensado para pagar deudas de ayuntamientos y comunidades autónomas.
No fue este el único favor del PP a Cuatrecasas. Si los contratos de este bufete catalán vinculados con la Sareb no son achacables directamente a Sáenz de Santamaría más allá de que era la número dos de Rajoy, sí lo es lo que ocurrió en 2015, cuando Emilio Cuatrecasas, actual jefe de la exvicepresidenta, fue condenado por defraudar a Hacienda más de tres millones de euros. Un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado —ambas dependientes de Sáenz de Santamaría entonces— dejó una petición de 20 años de cárcel en una condena de dos años, el límite para no entrar en la cárcel, y una multa de 1,5 millones añadida a la devolución del monto defraudado.
Walter de Luna En septiembre de 2014, el ex director general de la Sareb Walter Luna se convertía en el fichaje estrella de la división inmobiliaria de Acciona, el grupo controlado por la familia Entrecanales. Junto con Luis Moreno, ex director de activos financieros de la Sareb y compañero de Luna en Acciona, puso en funcionamiento en 2018 Ibero Capital Managment, una plataforma inmobiliaria con 400 millones de euros aportados por uno de los mayores fondos de inversión del mundo, Oak Hill Advisors. En Ibero Capital también participó hasta este año Arturo de Fernando, ex director de Acciona Inmobiliaria y ex director financiero de Sareb.
En 2016, una investigación periodística internacional situó el nombre del ex número dos de Belén Romana en la Sareb entre los Papeles de Panamá. Según el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Walter de Luna había sido intermediario de una empresa offshore en las Islas Vírgenes británicas creada por el despacho Mossak Fonseca durante cuatro años, entre 1994 y 1998.
Alicia Hinojosa Esta arquitecta de profesión fue la gerente adjunta del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y responsable entre 2007 y 2010 del desarrollo urbano de esta entidad. Según el auto de la Trama Púnica, esta institución fue utilizada para desviar fondos hacia las cuentas del Partido Popular “aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010”. El antiguo alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado por la Gürtel, confirmó que Alicia Hinojosa era uno de los dos ejecutores de esta vía de financiación ilegal del partido, aunque las órdenes “venían de arriba”. Tras el cierre del Imade, Hinojosa pasó a formar parte de la sociedad sin fines de lucro Madrid Network, según el trabajo del investigador Manuel Gabarre, autor del libro Tocar Fondo (Traficantes de Sueños, 2019). Según Gabarre en un artículo publicado en El Salto, Madrid Network se convirtió en una pantalla para todo tipo de transacciones y desvío de fondos a empresas vinculadas con Manuel Lamela, Ildefonso de Miguel y Javier López Madrid entre otras figuras del PP.
En 2014, cuenta Gabarre, la filial de Cerberus Haya Real Estate contrató a Alicia Hinojosa y “le concedió el poder suficiente para actuar en su nombre”. Poder para actuar sobre todos los inmuebles nacionalizados de Bankia, cuya gestión había entregado el Gobierno a Cerberus en septiembre de 2013. Y a partir de diciembre de 2014 también sobre buena parte del patrimonio inmobiliario de la Sareb, ya que este fondo de inversión fue uno de los tres elegidos por el banco malo para gestionar su cartera, junto con Servihabitat y Altamira. Según este investigador del Observatorio CODE de delitos económicos, Alicia Hinojosa fue la directora de la gestión y de la venta de los “activos singulares” de Sareb, de Cajamar y de Bankia durante cinco años. Según cuenta Gabarre, Hinojosa era la directora de un equipo compuesto por 20 vendedores “que tuvo a su recaudo más de 15.000 bienes inmobiliarios provenientes de los rescates públicos”.
José María Aznar Botella En septiembre de 2013, la nacionalizada Bankia anunció el traspaso de la gestión de su negocio inmobiliario Bankia Hábitat a Haya Real Estate, una filial de Cerberus, por un máximo de 90 millones de euros. La estrategia de este fondo de inversión estadounidense —situar en sus direcciones a altos cargos republicanos para aceitar las relaciones con la administración— fue calcada al milímetro en España. Además de Alicia Hinojosa, Cerberus fichó a Juan Hoyos Martínez de Irujo, íntimo amigo del expresidente José María Aznar, y a José María Aznar Botella, hijo del expresidente y de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
La estrategia debió funcionar porque en esos años no le faltaron contratos a Cerberus en España. En 2013, se quedó con la gestión en exclusiva de decenas de miles de pisos y préstamos de Bankia para los próximos diez años. Y en 2014, el fondo se hizo con la gestión del 40% de los pisos y las hipotecas de la Sareb, en total 52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originado por Bankia y adquiridos luego por la Sareb por 18.000 millones de euros, según se lee en la propia página del banco malo. Esta concesión duró hasta 2022, cuando Blackstone y KKR tomaron el relevo en la gestión de la cartera de la Sareb.
Gloria Calvo Abogada del Estado jefe del Ministerio de Economía en tiempos de Luis de Guindos, en 2015 Gloria Calvo fue fichada como directiva de Bankinter. Como no tenía estatus de alto cargo, ni siquiera tuvo que esperar dos años para pasar de decidir las políticas económicas a beneficiarse de ellas. Calvo era también miembro de la comisión rectora del FROB, el fondo del Estado para rescatar a la banca arruinada y propietaria hasta hace unos meses del 45% de la Sareb. En Bankinter, Calvo ocupa la Secretaría General y del Consejo de Administración del Banco.
Bankinter tenía hasta hace poco un cantidad relativamente pequeña de las acciones de la Sareb, apenas un 1,37%. Sin embargo, esta participación resultó clave en la negociación del Gobierno con el resto de accionistas cuando este quiso tomar el control del banco malo. Gracias a la venta de estas acciones, el FROB ha conseguido el 50,15% del capital de la Sareb ante la negativa de los otros bancos presentes en su accionariado, sobre todo Santander, CaixaBank y Sabadell de vender su participación.
Luis de Guindos Sí hay un maestro de las puertas giratorias y en ascender aunque todo salga mal y todos caigan a su alrededor es Luis de Guindos. Comenzó en la política con José María Aznar y llegó a ser secretario de Estado de Economía en su último Gobierno, de 2002 a 2004. Ese mismo año dio el salto a la gran empresa privada, nada menos que a Lehman Brothers como jefe de su división en España y Portugal. Después de que la ruina de esta empresa en 2007 provocara un efecto en cadena que generó la mayor crisis mundial desde el crack de 1929, pasó a ser responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoopers (PwC) entre 2008 y 2010. Esta auditora internacional ha sido denunciada por decenas de casos de conflictos de intereses, entre ellas su trabajo para favorecer la evasión fiscal de grandes multinacionales gracias a información confidencial o su papel en los peores momentos de Bankia.
Para la fusión de Bankia y otras cajas en ruina, fue PWC la encargada de auditar las cuentas. Según reconoció el propio Rodrigo Rato en el Congreso, “se contrató a PwC para que hiciera un cálculo más estresado y riguroso de las posibles pérdidas esperadas y no cubiertas hasta el momento”. El resultado, como se supo después, fue un agujero de 30.000 millones de pérdidas y una situación que el propio Guindos tendría que intentar dar solución, esta vez como ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, a partir de diciembre de 2011.
La solución a los problemas de Bankia y otras cajas arruinadas por sus negocios especulativos con la vivienda fue la creación de la Sareb, una operación que no “costaría ni un euro” a los españoles. El resto de la historia es conocida. La Sareb compró caro, vendió barato, el dinero desapareció, el banco malo se fue a pique y el Estado se quedó con 35.000 euros de deuda.
En mayo de este año, ya como vicepresidente del Banco Central Europeo, Guindos advertía al Gobierno español sobre los altos niveles de deuda y de déficit del Estado español, y que ante la crisis que se viene debería moderar el aumento de las pensiones e ir pensando en volver a los ajustes que marcaron su década como ministro de Economía.
En aquest dossier posem el focus en les conseqüències d’una notícia que ha passat molt desapercebuda: la Sareb, coneguda també com el banc dolent, ha adjudicat la gestió i la venda dels seus actius –immobles, sòl i deute a promotors– a dos grans fons d’inversió internacionals. Mirem què està passant amb aquests actius, per què no es poden gestionar públicament i quina és la justificació que hagi acabat fent-se així. Per fer-ho, parlem amb totes les parts implicades i també amb els agents socials. A més, repassem quin és l’estat del mercat de lloguer a Catalunya i Espanya, com justifiquen els socis de la coalició de govern aquesta decisió i també quin efecte està tenint el difícil accés a l’habitatge sobre la ciutadania, en especial sobre els més vulnerables. Tot plegat en un context d’amenaça de crisi que pot provocar una nova tempesta perfecta per al sector de l’habitatge.
El ‘banc dolent’ deixa els seus pisos en mans dels fons d’inversió
Filials de Blackstone i KKR s’ocuparan de gestionar i vendre els actius de la Sareb
BARCELONA / MADRIDQuan la música para, s’acaba la festa. I, en economia, si la música i la festa paren es reobre la ferida sagnant de la crisi del 2008. Aquesta és la metàfora que fa servir un inversor per explicar per què la roda de l’economia segueix girant –sense parar– amb els mateixos actors i els costums de sempre malgrat les successives crisis. L’últim exemple que res ha canviat es va fer públic a l’abril. La Sareb, més conegut com el banc dolent (l’entitat que es va crear per comprar tot el totxo tòxic als bancs durant la crisi i sanejar-los) va decidir adjudicar “la gestió i la venda” de bona part d’aquests actius provinents de la crisi a dos grans fons d’inversió bastament coneguts al sector: Blackstone i KKR.
Concretament, ho faran les gestores immobiliàries que depenen d’aquests fons: Anticipa i Aliseda –propietat de Blackstone– i Hipoges, que depèn de KKR. A partir d’aquest estiu, ells seran, doncs, els encarregats de gestionar i vendre al mercat lliure un total de 25.300 milions d’euros en actius propietat de la Sareb, entre habitatges (més de 45.600), promocions a mitges (més de 21.600 construccions), sòl (més de 30.000 terrenys) i també hipoteques i préstecs impagats. I entremig, evidentment, s’enduran una part del pastís, una comissió per la feina feta.
Es tracta d’un capítol rellevant perquè tanca de facto el debat que es va obrir al gener quan la Sareb va passar a mans del govern espanyol , que ara n’és el propietari. En aquell moment, el sector social i els moviments per un habitatge digne van reclamar aprofitar l’oportunitat i fer que tots els pisos d’aquesta entitat passessin a engreixar el minso parc públic d’habitatge a l’Estat. L’adjudicació a aquests dos grans fons, en canvi, és el camí oposat: vendre per recuperar diners.
Un 10% dels 71 pisos protegits de la promoció de Llevant estan ocupats des de fa més de sis anys per persones relacionades amb una mateixa organització criminal
Promoció de 71 habitatges de protecció oficial per a joves al barri d’Ocata del Masnou (Mané Espinosa)
La mobilització veïnal contra el grup d’ocupes dels habitatges de protecció oficial de Llevant, al carrer Salvador Espriu del barri d’ Ocata del Masnou (Maresme), ha propiciat que les administracions hagin intensificat la pressió sobre els inquilins il·legals perquè abandonin els habitatges.
Un 10% dels 71 pisos protegits de la promoció de Llevant estan ocupats des de fa més de sis anys per persones relacionades amb una mateixa organització criminal que controla al municipi altres habitatges, tal com va publicar La Vanguardia el 26 de juliol. Fa poc els veïns han decidit enfrontar-se als delinqüents i mobilitzar-se per protestar per la situació que pateixen.
Set anys després, Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge es reuneixen per buscar solucions Els ocupes del Masnou s’escapen de l’estereotip de les persones necessitades que entren per la força a un habitatge. Són individus estrangers, la majoria d’origen magribí, que es caracteritzen per mantenir un notable poder adquisitiu. Condueixen vehicles de gamma alta i mantenen un ritme de vida opulent. Segons fonts policials, això és possible gràcies a l’entramat d’activitats delictives que tenen organitzat. El grup està ben estructurat i depèn d’un líder.
Per primera vegada en set anys, el 20 de juliol l’Ajuntament i l’ Agència de l’Habitatge, propietària de la promoció urbanística, es van reunir per, segons el Consistori, buscar solucions a la problemàtica que arrosseguen les comunitats de veïns del carrer Salvador Espriu.
L’alta conflictivitat que generen els ocupes rics ha propiciat que els veïns es mobilitzin, i fins i tot han aconseguit que els responsables, en aquest cas el govern municipal, incrementi la pressió policial a la zona. Sobre la qüestió més discutida, la dels set pisos ocupats, tant des de l’ Agència de l’Habitatge com des de l’Ajuntament lamenten que estigui encallada en processos judicials llargs i esgotadors.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va avançar que incorporarà el tema a la reunió que ha sol·licitat amb la fiscal en cap de Mataró per abordar els problemes d’inseguretat que pateix el municipi. Per la seva part, l’ Agència de l’Habitatge ha començat a renovar les portes d’accés als edificis i ha instal·lat un sofisticat sistema de seguretat que, amb l’adjudicació dels pisos buits, hauria d’impedir més ocupacions.
L’element més perillós del clan ocupa, un personatge resident al número 4 que destaca per la violència exercida contra els veïns, va ser expulsat de la promoció gràcies a la ràpida reacció veïnal. “ Vam alertar la policia, el van identificar i, mentre els agents custodiaven el pis, l’ocupa va sortir amb el que portava a sobre”, moment que va aprofitar l’ Agència de l’Habitatge per blindar la porta i impedir que hi accedís.
Els veïns també han actuat per “reconquerir” les zones comunes, com les places d’estacionament reservades als pisos, que ocupaven els vehicles dels ocupes. Expliquen que “per la negativa de l’Ajuntament a fer manteniment al carrer i les places d’aparcament” van ser els mateixos residents els que van pintar les línies del gual i van col·locar un senyal de prohibit aparcar.
Malgrat l’increment de la pressió policial, la situació, segons els veïns, és insostenible atès l’alt grau d’incivisme dels ocupes. “Posen la música a tot volum de matinada i tenen els passadissos i l’ascensor plens de brutícia”. Reconeixen, malgrat tot, que “sembla que estem més tranquils”.
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