Una filial de la firma, cotizada en Bolsa y controlada por varias familias de la nobleza vasca y andaluza, se enfrenta este miércoles al primer juicio de esta trama de corrupción, centrado en la trama camerunesa
Cuenta atrás para el primer juicio por el caso Defex, la empresa semipública española de armamento que ordenó liquidar el anterior gobierno tras aflorar una serie de gravísimos escándalos de corrupción en Angola, Camerún, Arabia Saudí o Brasil. El primer juicio, centrado en la pata camerunesa, va a sentar en el banquillo a una filial de Elecnor, una de las mayores compañías de ingeniería de España, perteneciente a varias familias de la aristocracia española.
Deimos Space, 100% propiedad de Elecnor, va a ser juzgada por su responsabilidad penal como persona jurídica en presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional ha fijado para este miércoles la primera vista de esta trama, definida como “escatológica” por una persona que participó en las fases iniciales de la investigación. “Absolutamente insoportable”, como la describió hace años el juez José de la Mata, ante la falta total de controles en una sociedad mayoritariamente pública y dedicada a una actividad, las exportaciones de armas, protegida por la Ley de Secretos Oficiales.
En este procedimiento se juzgan cerca de 15 millones en mordidas y comisiones ilegales para obtener contratos públicos firmados por Defex en Camerún entre 2005 y 2013. En esta pieza no está el considerado cabecilla, José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex durante más de dos décadas. El principal acusado es su ex director Comercial Manuel Iglesias-Sarriá. Para este directivo la Fiscalía pide 23 años de prisión y una multa de 86 millones, más otros 12 millones en concepto de indemnización a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como responsable civil directo.
A Iglesias-Sarriá se suman los empresarios Francisco Luque Ramírez, ex director comercial de Deimos Space SLU, filial de Elecnor; y Oscar López Salvadó, presidente de la compañía de astilleros Grupo Aresa Internacional. Para ellos, el Ministerio Público reclama 18 años de prisión y 50 millones de multa.
Defex y esas dos empresas privadas subcontratadas para sus negocios en Camerún están acusadas como personas jurídicas. A la compañía semipública, la Fiscalía le reclama más de 100 millones en multas y decomisos. Va a sentarse en el banquillo y a poder ejercer, a la vez, la acusación particular.
En el caso de Elecnor ha depositado fianzas para afrontar su posible responsabilidad que suman 14,325 millones, ofreciendo las acciones de su filial Deimos como garantía. La cifra, reconoce en sus cuentas la filial de la compañía, está por debajo de las pretensiones de la Fiscalía.
Libre absolución
En las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elecnor señala que “está ejercitando sus derechos en el procedimiento, recurriendo la fianza dictada y solicitando su libre absolución, como también lo está haciendo, con su propia defensa letrada, el antiguo empleado del Grupo”.
Según Elecnor, no hay “elementos probatorios de convicción que hagan presumir con el suficiente grado de certeza, más allá de toda duda razonable, la eventual condena de la sociedad Deimos Space, S.L. ni de su antiguo empleado”. Sus gestores, “de conformidad con los términos del escrito de defensa presentado, consideran que el resultado probable de la celebración del juicio oral será absolutorio, lo que, consecuentemente, no comportará exigibilidad de responsabilidad penal ni civil”.
Y no creen que “este hecho vaya a tener ningún impacto sobre el valor recuperable de los activos netos que aporta el Grupo Deimos”, que cifra en unos 12 millones.
Deimos Space se constituyó en 2001 y facturó el año pasado 23,8 millones. Se dedica al suministro de tecnología para la industria aeroespacial y ha participado en proyectos tan señeros como el sistema de posicionamiento Galileo. Sus cuentas de 2021, accesibles a través de Insight View, están formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento. En ellas, su auditor, KPMG, introduce un párrafo de énfasis destacando que no ha dotado “provisión alguna” por este proceso judicial.
El juez señaló como responsables penales a esta empresa a Defex y a Aresa “por su absoluto descontrol en materia de organización y control societario, económico financiero y jurídico, y la inexistencia de los más elementales mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”.
Según De la Mata, hay evidencias múltiples de que “actuaban inspiradas en una filosofía corporativa de absoluto desprecio del Derecho y a las más elementales normas legales y éticas, e impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio”. En el caso de Deimos y Aresa, “actuaban siguiendo los valores -o la falta de estos- de sus propietarios”.
La acusación de la Fiscalía destacó el papel “decisivo” en la trama del contralmirante camerunés Pierre Njine Djonkam, “destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética” para su mujer en una operación definida en un mail como “recauchutado” por Iglesias-Sarriá, primo del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi).
La filial de Elecnor participó en un contrato valorado en 99,3 millones que consistió en un servicio de vigilancia costera aprobado en un acuerdo marco entre Iglesias-Sarriá y el ministro Delegado de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, Alain Mebe Ngo’o, con la intermediación de ese contraalmirante. Solo en un tramo del proyecto, Iglesias-Sarriá habría acordado con Bourcier más de 5 millones en comisiones.
Elecnor es un gigante con más de 20.000 empleados y amplia presencia internacional. Cotiza en bolsa (su capitalización se acerca a los 900 millones) y está controlada, a través de la holding Cantiles XXI (dueña del 52,76% de Elecnor), por familias de abolengo de la burguesía y la nobleza española habituales de los ranking de mayores fortunas del país, como los Ybarra Careaga, los Mora-Figueroa, los González de Aguilar, los Domecq, los Morenés o los Real de Asúa Arteche.
La compañía, que no comenta este asunto, presume en su web de convertirse en enero de 2018 “en la primera empresa española de su sector” en obtener la certificación UNE-ISO 37001 de “Sistemas de gestión antisoborno”, el “primer y más exigente estándar internacional certificable para articular sistemas de gestión en compliance y lucha contra la corrupción”.
Elecnor ya fue implicada hace años en el presunto pago de sobornos al ex embajador en India, el exdiputado del PP Gustavo de Arístegui. Y ha recibido varias sanciones millonarias por amañar licitaciones en España, caso del conocido como cártel del AVE, desmantelado en 2019 y del que formaba parte junto a las principales constructoras del país. Fue una de las pioneras en ser propuesta por la CNMC para ser vetada como contratista de la Administración, aunque por ahora se ha librado.
El modus operandi en esta parte de la trama Defex era similar a las investigaciones abiertas en otros países, caracterizado por el pago de mordidas y comisiones y regalos a intermediarios y funcionarios públicos. En Camerún, el enlace era el agente comercial de Defex Philippe Bourcier, francés prófugo de la justicia, que abonaba las mordidas a través de siete empresas fantasma con cuentas en Suiza, Reino Unido y la república africana y consiguió contratos por importe de más de 100 millones para vender repuestos de vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.
Segunda pieza
Esta es la segunda pieza separada de investigación sobre los contratos de Defex que De La Mata propuso enviar a juicio, tras el pase a procedimiento abreviado de la relativa a una operación de venta irregular de armas de 152 millones en Angola. En 2019, el juez envió a juicio a 24 personas, entre ellos, Encinas Charro, Iglesias-Sarriá y el coronel retirado Ángel María Larumbe, también ex directivo de Defex, o Beatriz García Paesa, abogada radicada en Luxemburgo sobrina de Francisco Paesa, el famoso espía que fingió su muerte en 1998.
La investigación comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran Defex y otra de las compañías de la trama. Las primeras pesquisas datan de 2012, cuando la Fiscalía recibió una alerta de posible blanqueo por operaciones de Luxemburgo. Ocho años después de que el caso explotase a la luz pública en 2014, un fleco pendientes de aclarar es quién es el misterioso “Kin” [o “King”, según los investigadores] que aparecía en correos electrónicos de la trama y al que se transfirieron 3 millones por el contrato en Angola. Encinas Charro se negó a precisarlo al ser interrogado por los investigadores ante el juez Pablo Ruz. “Eso son palabras mayores”, argumentó.
En Angola, la trama sacó incluso tajada de una visita del Papa Benedicto XVI aplicando lo que denominaba el “factor sexy” para triplicar los costes. En esa investigación llegó a estar imputado Ismael Clemente, primer ejecutivo de Merlin, la mayor inmobiliaria del Ibex 35.
También está pendiente de juicio la rama saudí. Allí el contacto local era el príncipe Jalid Bin Saad Al Saud, pariente del sultán Bin Abdul Aziz Al Saud, ministro cuando ocurrieron los hechos de Defensa y Aviación e Inspector General de Arabia Saudí cuando se firmaron los contratos investigados. Por parte española, tuvo un papel protagonista Álvaro Cervera, hijo de un contraalmirante de la Armada ya fallecido, que ejerció desde 1991 como agente comercial en Arabia Saudí y fue amigo de juventud de Juan Carlos I, según reveló El Mundo en 2020.
En este caso, Anticorrupción acusó a principios de ese año a ocho personas físicas y cuatro jurídicas de cuatro delitos con peticiones de cárcel de hasta 29 años.
En el accionariado de Defex, creada hace ahora medio siglo como un bróker para vender armas al extranjero, el Estado convivía con empresas nacionales de armamento como Expal, su mayor accionista privado, tradicionalmente copada por ex altos cargos del Ejército o los servicios de Inteligencia, y otras como el grupo vasco SAPA (actual accionista de Indra) o Instalaza, de la que fue directivo el exministro de Defensa Pedro Morenés.
Por el consejo de Defex desfilaron, entre otros, el actual presidente de honor de Maxam, José Fernando Sánchez-Junco, también muy cercano a Juan Carlos I (su hermano Javier, ex fiscal, le ha defendido en sus causas penales), o los almirantes retirados Francisco Torrente y Javier Pery.
El sucesor de Encinas Charro en la presidencia de Defex fue Javier Aguilar Viyuela, acusado en la pieza saudí. Cuñado de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que siempre negó relación con la familia de su esposo, estuvo al frente de la empresa entre 2012 y 2015. Su hermana fue también directiva de la empresa semipública.
Asimismo, fue consejera de Defex la ex ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, entre julio de 2002 y febrero de 2003, cuando era subsecretaria con José María Aznar. La putrefacción de Defex permitió tirar del hilo que destapó otro escándalo de corrupción en otra empresa pública en Angola, Mercasa. En él está acusado su sobrino político José Herrero de Egaña y López del Hierro.
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