Un repaso a los 25 principales artículos que nos prometen un país con derechos pero que hoy, 42 años después de su aprobación, siguen sin estar plenamente consolidados.
“Pobres hijos míos, sufriendo mientras los que pueden no me utilizan para hacer justicia social”. La Consti de Forges que lloraba abrazando blasillos desconsolados se ha convertido en una viñeta mítica porque dice una gran verdad: la Constitución española de 1978, la de la esperanza, es hoy un buen marco de referencia con propósitos loables pero que nunca se acaban de alcanzar.
Los 169 artículos paridos recién sepultada la dictadura deberían haber cubierto muchas grietas, muchas lagunas, pero sólo han tapado algunos agujeros. Quedan muchos. Se han ido encadenando crisis, despropósitos, dejación de funciones y desencuentros sobre su reforma y en esas estamos, con un texto tan buenista como viejuno, que nos ha dado uno de los periodos más largos de democracia, estabilidad y progreso de nuestra historia, pero que necesita ya que la remocen.
Estos son los principales 25 artículos que, 42 años después de su aprobación, siguen siendo la asignatura pendiente de la Carta Magna.
Artículo 1. Dice así: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Pero no, no somos iguales. El último informe Foessa aseguraba en febrero que el 18,4% de la población española está en situación de exclusión social. 8,5 millones de personas no participan en la vida cultural, económica y social de nuestro país. Son 1,2 millones más que antes de la crisis económica de 2008. Y no había llegado aún la pandemia. En primavera, esos datos han subido entre tres y seis puntos, según los diversos estudios. La OCDE aplaude la evolución de España, pero queda aún demasiado margen en el que trabajar.
Artículo 6. “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
El arco parlamentario se ha vuelto multicolor, no porque antes no tuvieran cabida los partidos menores, sino porque el hundimiento del bipartidismo ha abierto la puerta a otras opciones. También, las del cansancio y radicalismo. Sin embargo, aún tras el 15-M y las formaciones de la “nueva política”, el sistema actual marca distancias con el ciudadano. Se mantiene la necesidad de que los ciudadanos participen de manera más directa en la toma de decisiones, no sólo votando cuando toca. Las formaciones blindan sus procesos internos, las primarias abiertas no son tan frecuentes como debieran y son los aparatos los que siguen controlando el barco. Hablar de democracia en el seno de los partidos es otra quimera. Va todo por corrientes, amistades y lealtades.
Artículo 7. “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.
Incluso cuando sumamos una nueva crisis económica, a causa del coronairus, el peso de los sindicatos sigue menguando. No movilizan. No marcan agenda. Sus visiones, por ejemplo, en las negociaciones con la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, han quedado en un plano opaco. No ayuda la pérdida de afiliados, por no poder pagar la cuota muchos, pero también por falta de confianza. Son años de escándalos (desde la formación investigada en Andalucía a las tarjetas black) y eso se paga también.
Artículo 14. Dice el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Los indicadores convierten la frase en papel mojado. Más de cuatro décadas después, la mujer sigue claramente discriminada respecto al hombre y en multitud de campos. La tasa de paro de ellas es del 18,39%, cuatro puntos superior a la de ellos en el tercer trimestre de este año. La encuesta de Población Activa refleja que 264.700 mujeres han perdido su trabajo, frente a 90.300 hombres, debido principalmente a una mayor representación de las primeras en las actividades más afectadas por la crisis sanitaria. Además, Eurostat determina que la brecha salarial en España es del 14%, un porcentaje que, si se transforma en cifras, determina que las mujeres trabajan 51 días del año gratis, frente a sus compañeros hombres. En las empresas del Ibex 35, a finales de 2019 había un 27,5% consejeras (la cifra sube, eso sí, tres o cuatro puntos por año), mientras que los hombres suelen dedicar 2,06 horas y las mujeres 3,84 horas al trabajo doméstico.
Artículo 16. “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos (…) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Europa Laica niega la mayor: mediante asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, este mismo Estado aconfesional de la Carta Magna aporta a la Iglesia unos 11.000 millones de euros al año. La Iglesia, según esta organización, es “un paraíso fiscal” en nuestro país.
Artículo 18. “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
No estamos preparados ante ciberataques, que en España han registrado un aumento “cualitativo y cuantitativo” durante la pandemia y han incrementado su gravedad, según dijo esta semana la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos espió 60 millones de llamadas en España solo entre 2012 y 2013. Las asociaciones de consumidores denuncian que es una práctica relativamente extendida.
Artículo 20. “Se reconocen y protegen los derechos” a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros.
Los informes de diversas entidades independientes e instituciones internacionales –desde Reporteros Sin Fronteras hasta un grupo de relatores de la ONU– que esos derechos y libertades están en retroceso y en peligro en España por normativas como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza) o las recientes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recientemente, Moncloa ha impulsado un plan contra la desinformación muy criticado por los profesionales por su intervencionismo.
Artículo 27. “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
A la educación obligatoria todo el mundo tiene acceso. Otra cosa es intentar seguir estudiando. Con un sistema de becas aún insuficiente (y eso que han subido un 22%, alcanzando los 1.900 millones de euros), pesan los años recientes de recortes brutales y de tasas al alza. No todos se pueden permitir ir a la universidad. Cerca de 30.000 universitarios estuvieron al borde de la expulsión en la legislatura pasada, denuncian los sindicatos estudiantiles. Se calcula que entre un 20 y un 22% de ellos dejaron al menos temporalmente los estudios.
Artículo 31. Dice el artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Pero la progresividad fiscal, que está en las leyes españolas desde la Constitución de Cádiz de 1812 se incumple con frecuencia: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas. Los nuevos presupuestos de 2021 suben el IRPF para rentas altas y el impuesto de patrimonio, al menos. Además, el coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale casi al presupuesto del sistema sanitario.
Artículo 35.“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”.
Las cifras son demoledoras: casi 1,2 millones de familias tienen a todos sus componentes en paro; la tasa de desempleo es del 16,2%, que se dispara al 40,4 en los menores de 25 años; el empleo a tiempo parcial supone el 14,7% de la contratación, según el INE (con cifras del 2019), a la cola de la UE; y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es el 25,3% del total. Las solicitudes del ingreso mínimo vital se han atascado y solo se han aprobado algo más de 130.000 peticiones frente al objetivo: 850.000 hogares en riesgo de exclusión, constituidos por 2,3 millones de personas.
Artículo 40. “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo”.
Se han promovido algunas cosas, pero queda… Los datos de más arriba lo afirman. Hay territorios más ricos que otros: La Comunidad de Madrid, la más rica de todas, a pesar de que su PIB per cápita ha mejorado en esta década (de 35.600 a 37.200 euros, el doble que Extremadura), su poder adquisitivo ha bajado de 136 a 124 respecto a la media de 100 de la UE. La media de España está en 24.900 euros de PIB per cápita, por debajo de los 28.200 de la UE y los 30.900 de la zona euro. A la cola, Extremadura, su PIB per cápita ha pasado de 18.000 euros a 19.300 euros, pero en cuanto a poder adquisitivo ha pasado de 69 a 64. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que la economía española crea más riqueza que antes de la crisis de 2008, pero que su distribución ha cambiado y es más desigual, “en favor de los que más tienen y en perjuicio de los que menos tienen”.
Artículo 41. “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
El porcentaje de parados de larga duración sin ninguna ayuda roza el 40%, aunque se acaba de aprobar una ayuda de 430 euros para quien esté en búsqueda activa. Un avance.
Artículo 42. “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”.
¿Retorno? La crisis de 2008 fue un desastre: España se perpetuó como país emisor de emigrantes, de alta cualificación, especialmente jóvenes. Se habló de “movilidad exterior” para enmascarar unas marchas que ya no eran con maleta de cartón pero estaban igualmente justificadas en la necesidad y en la falta de oportunidades. Ahora, incluso, cuando más sanitarios hacen falta en España, muchos buscan fuera una oportunidad mejor. Las cifras, pues, no han mejorado: en 2019 se fueron 2,5 millones de españoles, la cifra más alta de la serie histórica, diez años de subida. Son datos del INE.
Artículo 43. “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
Con la pandemia, vemos a las claras el agujero que dejó la mala gestión de ls sanidad pública en años pasados, que las mareas blancas estaban más que justificadas y los recortes eran lo contrario a lo que había que hacer (dice la Constitución). Privatizaciones y colaboración público-privada, externalizaciones, copagos, cierres de centros, límites a la atención a inmigrantes sin documentación… España destina un 5,9% de su PIB al gasto sanitario público. La media europea es del 7,5%. Mientras tanto, aparecen nuevas necesidades de atención primaria y aumentan los cuidados a largo plazo por el envejecimiento.
Artículo 44. “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. “Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”.
Las cosas han cambiado con el Gobierno PSOE–Unidas Podemos, pero el sector cultural lleva años arrastrando el IVA cultural, la falta de subvenciones y de impulsos a proyectos o los impuestos al alza. Lo mismo pasa con la ciencia que, como la salud, fue pasto de recortes que ahora son muy difíciles de reponer. Plantillas como las del CSIC perdieron más del 15% de su plantilla en dos años, bajo el PP. Con el virus, el sector cultural estima que perderá el 36,5% de los ingresos este año, mientras que el mundo científico, al menos en parte, se felicita por las inversiones rápidas en campos relacionados con la lucha contra el Covid.
Artículo 45. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
No hay más que ver la descafeinada Cumbre del Clima de Madrid del pasado año, que por mucho que fuera de transición, alcanzó pocos objetivos concretos. Sirva como reflejo de un país con problemas: España se calienta a un ritmo de 0,5 grados por década, un 50% más de la media continental en el hemisferio norte y casi el triple de la media global; casi el 90% de la extensión de los glaciares ha desaparecido en poco menos de un siglo y más del 80% de los glaciares pirenaicos se han perdido; el nivel del mar sube casi cuatro milímetros al año, el 75% del suelo español está en proceso de desertización…
Artículo 47.“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
También aquí los datos son contundentes y numerosos. El 30% de los españoles cuenta con un préstamo hipotecario para sufragar el pago de su vivienda, lo que sitúa al país en el top ten europeo, pero es que se dedica hasta el 40% del salario a ello; unos 10.600 gitanos vivían en ellas según un informe de la Fundación Secretariado Gitano y se calcula que hay 162 desahucios al día en España, y eso que no es el peor año porque muchos se han paralizado por el virus.
Artículo 48. “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
La generación perdida, los que no pueden trabajar ni independizarse, los que no encuentran empleo parcial con el que sacar sus estudios, los que no pueden plantearse la paternidad porque las cuentas no salen. Así estamos. La tasa de paro está rondando el 40%, su pérdida de poder adquisitivo es de un 30 al 35%, y solo el 17,3% de los jóvenes viven emancipados, el peor dato desde 2001. Un panorama que no alienta a la esperanza, que se cronifica.
Artículo 49. “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La ley de dependencia fue una de las más recortadas por Mariano Rajoy, se cargó mil millones de un plumazo. En 2021 se subirán las ayudas un 34%, hasta los 2.354 millones, pero queda mucho campo quemado atrás. Solicitudes que ni se atienden o se hace tarde: 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia han muerto en lo que va de 2020, según datos del Ministerio de Derechos Sociales.
Artículo 50.“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Las dos reformas del sistema de pensiones, la del Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2011 y la del Gobierno de Rajoy (PP) en 2013, redujeron los derechos de los pensionistas o su poder adquisitivo o ambas cosas. Este noviembre el Congreso aprobó otra reforma, que busca “garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España para hacer frente en los próximos años a retos como el aumento de jubilaciones de la generación del baby boom”. El año pasado, los pensionistas estaban en la calle como nunca antes reclamando sus derechos. La pensión media por jubilación en España en 2019 es de 1.133,94 euros. Pero la media, claro, obvia los extremos… La crisis ha provocado que 300.000 familias en España no tengan otro sustento que la pensión de los más mayores.
Artículo 51. “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Ahí están las asociaciones de consumidores y sus miles de comunicados semanales para denunciar atropellos. De los oligopolios en sectores claves como la energía a los acuerdos secretos en comunicaciones, pasando por comisiones abusivas de bancos, las preferentes…
Artículo 57. “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.
Ya no es sólo que el sentimiento republicano esté al alza en España y se haga necesario plantear un debate serio (y sereno) sobre el modelo de estado, sino que además la Constitución insiste en anteponer al varón por encima de la mujer. O sea, si Felipe VI y Letizia tienen un hijo, la princesa Leonor perderá su condición de heredera en favor de un hermano.
Artículo 69. “El Senado es la Cámara de representación territorial”.
La eterna reforma de la Cámara Alta para convertirla en la verdadera voz de las comunidades no se ha producido durante las últimas décadas. Todos los partidos saben que es necesaria pero ninguno la acaba de acometer.
Artículo 92. “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Los Gobiernos no han sido muy partidarios de hacer consultas sobre sus grandes decisiones. Incluso, la reforma exprés de la Constitución pactada en el verano de 2011 por el PSOE y el PP no llegó a ser sometida a votación del pueblo. El derecho a votar, que tanto se ha esgrimido en el refrendo no legal de Cataluña de 2017, se limita a pequeñas cuestiones municipales. La Constitución sí nació por una consulta, pero queda lejos… Tanto como 42 años.
Artículo 103. “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
¿Nos ponemos a citar sólo los casos de corrupción más recientes? Kitchen, Gürtel, ERE, Cajamadrid, Bankia, Pokémon, Brugal, CAM, Campeón, Noos…
Bonus track: hay otro artículo que no se cumple, el 128.1. Hace un tiempo, en agosto de 2012, el ahora ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, armó revuelo sencillamente citando lo que dice el texto:
“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Lo llamaron “comunista sin alma”, “bolivariano despiadado” o “saqueador de España”, entre otras lindezas. Fue el día en que Garzón hizo que muchos leyeran la Constitución y se dieran cuenta de cuán quimera es en muchos aspectos.
Alberto Garzón@agarzon Yo defiendo que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
